El independentismo nunca llegó al 50%

Desde que Mas impulsó el «procés» en 2012, los secesionistas se han mantenido en el 47 por ciento del electorado. Las cifras desmienten su mantra de «la voluntad del pueblo de Cataluña».

En las elecciones autonómicas del 21-D se produjo la mayor participación electoral de la historia autonómica catalana. Votó el 78,5% del total del censo. Algunos de modo poco riguroso hablan de una participación del 81,9%. Se refieren a comparar el voto del 21-D con el Censo de Electores Residentes en España (CER), que es parcial, de tan 5.327.602 y no con el censo total y oficial de Cataluña, que es de 5.553.983 electores.

El régimen democrático del 78 permitió a Cataluña su autonomía y en 1980 se celebraron las primeras elecciones al parlamento regional. Desde entonces y hasta el pasado mes de diciembre se han celebrado doce procesos electorales. Pese al discurso oficial que se repite desde las filas secesionistas, los independentistas están cada vez más alejados de su pretendida mayoría social. Tercamente se mantienen en el entorno del 47% a lo largo de los cinco años del procés inaugurado por Artur Mas. Desde entonces lentamente van menguando en voto y escaños.

Los independentistas, tras el 21-D están a tan solo tres escaños de perder su mayoría absoluta parlamentaria.

Desde el comienzo del «procés» los partidos independentistas van perdiendo apoyo social y escaños. Y además han desatado la reacción de los catalanes constitucionalistas que no han dejado de crecer en votantes y escaños desde que en 2012 el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas declarara la guerra a España.

En ningún momento han alcanzado el 50% del voto de los catalanes, sino que convocatoria a convocatoria electoral van menguado en porcentajes de voto y escaños.

Ante el estancamiento del voto independentista, que ha pasado del 47,9% en 2012 al 47,5% en 2017, los constitucionalistas no hacen más que crecer; pasan del 35,0% de 2012 al 43,5% en las elecciones de 2017.

A los de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no solo no les apoya el 50% del electorado, sino que los constitucionalistas no han detenido su ascenso y la tendencia confirma (dado el estancamiento independentista y el crecimiento sostenido de los unionistas) que en las próximas elecciones autonómicas los partidos constitucionalistas superarán en voto a los separatas.

Puigdemont manifestaba en 2016 que con la mitad más uno de los votos bastaba para declarar la independencia. Estas manifestaciones lo descalifican y desautorizan como representante político o interlocutor con el gobierno democrático de España. La democracia no es imponer la voluntad del 50% más uno al resto. El experimento social que pretendían los separatistas ha fracasado. No solo no han alcanzado la mitad de los votos, sino que los que han sumado representan el 47,5% de los que han votado, ni siquiera del censo catalán, pues el voto separatista supone tan solo el 36,4% del censo electoral catalán. Pero aún son menos en porcentaje aún si los comparamos con el total de la población catalana, ya que entonces se reducen al 27,2% del total de catalanes. La comunidad cuenta con 7.441.176 habitantes. Por lo que poco más de una cuarta parte de los catalanes ha votado a partidos pro independencia. Los independentistas son dos millones de catalanes, pero hay otros 5,4 millones, por los que no pueden hablar.

Su Majestad el Rey habló en su mensaje de Navidad de «una España abierta y solidaria, no encerrada en sí misma; una España que reconoce y respeta nuestras diferencias, nuestra pluralidad y nuestra diversidad, con un espíritu integrador; una España inspirada en una irrenunciable voluntad de concordia».

Advertencia al separatismo catalán, que si bien es mayoritario en parlamentarios no lo es en votos y que cometería un nuevo error si tras la constitución del nuevo parlamento regional los independentistas actuasen de modo sectario y excluyente, marginando a más de la mitad de la sociedad catalana.

Con una mayoría absoluta con los pies de barro como la de los independentistas, no pueden implementar políticas en nombre del pueblo de Cataluña. Ni siquiera cuentan con los apoyos necesarios para reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, es decir 90 escaños y solo disponen como mucho de 70.

Sin este requisito no es viable la remisión ni la consulta a las Cortes Generales, ni la preceptiva ratificación de las Cortes mediante una ley orgánica y el referéndum positivo de los electores de Cataluña.

Recordemos a nuestros políticos, especialmente al Partido Popular y al PSOE, que en los países más cercanos a nosotros, Francia y Alemania, están prohibidos los partidos independentistas. Una vez dado el paso de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, hay voces que apuntan a que en njuestro país se recurra a estas figuras para ilegalizar a partidos y coaliciones, así como también a organizaciones «civiles», «sociales» y «culturales», hostiles con España. Sin embargo, es un escenario lejano e improbable.