El juez pregunta a la Fiscalía si Jordi Pujol Jr. debe ir a prisión

La Fiscalía Anticorrupción tendrá que pronunciarse sobre la petición de UPyD de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata llame a declarar de nuevo a Jordi Pujol Ferrusola y acuerde su ingreso en prisión para impedir que se dé a la fuga y destruya pruebas. El magistrado ha dado traslado a la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez de la solicitud del abogado de la formación magenta, Jorge Alexandre, reclamando una nueva comparecencia como imputado del primogénito de Jordi Pujol (la anterior se remonta a septiembre de 2014) y su encarcelamiento o, en su defecto, que se le prohíba salir de España y se le retire el pasaporte.

Para acordar la prisión provisional de «Junior» –imputado por delito fiscal y blanqueo en este procedimiento– es preceptivo que se celebre la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una «vistilla» que reclama el abogado de UPyD y sobre cuya conveniencia deberá dar su opinión la Fiscalía.

En su escrito (remitido al juez De la Mata el pasado 18 de noviembre), UPyD justifica la necesidad de llamar a declarar de nuevo a Pujol Ferrusola en las «contradicciones» entre el testimonio que prestó el pasado 15 de septiembre en la Audiencia Nacional y el curso de la investigación posterior. «Parece del todo adecuado», dice la representación letrada de la formación, que «Junior» sea citado otra vez para que pueda explicar «su papel en los contratos por los que facturó a diversas empresas, los ingresos en efectivo recibidos en sus cuentas, la existencia de cuentas en el extranjero previamente negadas y el papel de sus familiares directos (en especial su padre, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol) en estos hechos».

Para UPyD, las medidas cautelares acordadas contra Pujol Ferrusola (el bloqueo de sus cuentas bancarias) resultan «insuficientes», pues el imputado ha demostrado su «perfecta capacidad» para crear sociedades en el extranjero y disponer de cuentas fuera del alcance de las autoridades, lo que le permitiría «continuar con sus actividades presuntamente delictivas» y de sustraerse a la acción de la Justicia dado que cuenta «con un patrimonio suficiente para hacerlo con ciertas garantías de éxito». De seguir en libertad, advierte el abogado de la formación magenta, Pujol Ferrusola continuará con su «constatada» labor de descapitalizar gran parte de sus sociedades, lo que dificultaría que haga frente a posibles responsabilidades pecuniarias frustrando, además, el objetivo de la investigación judicial.

«Multimillonario»

Todo ello unido al hecho, añade, de que es «ingente» la cantidad de indicios contra Pujol Ferrusola por la supuesta comisión de diversos delitos «sancionados todos ellos con penas graves de prisión». El riesgo de que se dé a la fuga, según la acusación popular, «adquiere visos de elevada probabilidad», sobre todo teniendo en cuenta su «elevada posición social y económica». Su poder adquisitivo, «multimillonario» –añade el abogado de UPyD–, hace que para él procurarse una residencia «fuera del alcance» de las autoridades españolas y europeas sea «tan sencillo como un juego de niños». Sin olvidar, añade, su «enorme habilidad» para «manejarse» en países extranjeros, «sean paraísos fiscales o no».

Por otro lado, la ocultación, alteración o destrucción de pruebas «no puede tampoco descartarse en absoluto» pues a Pujol Ferrusola, asegura la acusación popular, «le resultaría de extrema facilidad».

Otro peligro contra el que advierte UPyD es la posibilidad de que el imputado «continúe ocultando sus bienes» a través de sus sociedades, pues, recalca, «resulta del todo imposible» descrifrar todas sus actuaciones tendentes a «proseguir con su descapitalización».

En caso de que el juez De la Mata no considere necesario acordar la prisión provisional, el abogado de la formación propone que se le retire el pasaporte y se le prohiíba salir de España, obligándole a comparecer periódicamente ante la autoridad judicial, para dificultar así una posible fuga.

La UDEF cifra en 11,5 millones las cantidades facturadas por supuestas asesorías por «Junior» y su ex esposa, Mercé Gironés, a varias empresas cuya mayor cifra de negocio proviene de adjudicaciones públicas, especialmente de carácter urbanístico. Ninguna ha justificado documentalmente qué trabajos realizó Pujol Ferrusola para cobrar esas cantidades.