El kamikaze de Valencia pide otro indulto tras anularlo el TS

En noviembre del pasado año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulaba el indulto al «kamikaze» de Valencia, al esgrimir que el Gobierno no había justificado de modo adecuado la concesión de esa medida de gracia. Ese conductor fue condenado a 13 años de cárcel por provocar la muerte en 2003 de un joven automovilista, con el que chocó en la AP-7 en la provincia de Valencia, por donde el condenado iba en dirección contraria. Su vuelta a prisión está prevista para el próximo viernes, día 21.

Ante esta situación, su defensa ha llevado a cabo dos acciones tendentes a «reparar» esa decisión. Así, el pasado 6 de marzo, entraba en el Ministerio de Justicia una petición para que se dictara un nuevo decreto de indulto, algo que, en principio, según fuenes jurídicas, tiene pocas posibilidades, ya que el propio ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista concedida a LA RAZÓN el pasado mes de diciembre, adelantaba que el Gobierno «no va a promulgar un nuevo decreto de indulto, sino que estará a lo que resuelva en su momento el Tribunal Constitucional».

Junto a ello, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la decisión del Supremo de anula el indulto otorgado por el Ejecutivo, a la vez que solicita que se suspenda la ejecución de la condena mientras se resuelve el mencionado recurso, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN. La defensa esgrime que la decisión del Supremo vulneró tanto el derecho a la tutela judicial efectiva como el principio de igualdad en la aplicación de la ley y el derecho fundamental a la libertad personal de Jorge Río Salgado, el afectado por la decisión judicial del Supremo.

Uno de los puntos sobre los que gira el recurso es considerar que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo incurre en un «exceso de jurisdicción», al considerar que esta jurisdicción «no puede entrar en aquel ámbito de libre decisión gubernativa, para valorar las razones por las que se indulta –o no– a una concreta persona».

En este sentido, se alude a cómo la vigente Ley de Indulto excluye el «deber de motivar» la concesión de esa medida de gracia, por lo que esas «razones de justicia, equidad o utilidad pública» a las que aludía el Supremo, «no pueden ser controladas con base en el ordenamiento jurídico, puesto que no son razones jurídicas, sino ejercicio de una prerrogativa constitucional cuyo ejercicio se asigna discrecionalmente al Gobierno». De esta forma, la sentencia recurrida «se olvida de forma irrazonable de la normativa legal aplicable, para imponer su propia "decisión"», toda vez que el control de los actos del Ejecutivo sólo se extiende a la protección de los derechos fundamentales, el control de sus elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones relativas a los perjuicios que de ellos pudieran derivarse.

La conclusión de la defensa es clara respecto a una extralimitación en sus competencias de la Sala que anuló el indulto: «La Sala Tercera del Tribunal Supremo se autoatribuye la potestad de exigir que el indulto se motive a través de la especificación de las "razones de justicia, equidad o utilidad pública"que justifican su concesión, y también la potestad de revisar las razones que justifican la concesión del indulto». Esta posición, se concluye al respecto, no había sido matenida hasta entonces por ese tribunal.