El «núcleo» duro apunta a Catalá tras la crisis del «whatsapp»

El partido se queja de la falta de coordinación interna y de la precipitación en las decisiones.

No hay dos sin tres o lo que mal empieza, mal acaba. Y así ha sido con la negociación del PP con el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El final, por ahora, de esta crisis fue la precipitada enmienda con la que el PP enmienda su propia posición en el Senado, y por la que apuestan, en un nuevo giro, por volver al sistema de elección por los jueces de 12 vocales del Poder Judicial. El texto de la enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial que a última hora del martes presentó el Grupo Popular en el Senado fusilaba el articulado al respecto de la norma de 1980, incluidas las previsiones que ya están obsoletas.

Ayer por la mañana el PP tuvo que rectificarse de nuevo a sí mismo y corregir esos anacronismos que hablaban de órganos que ya no están en funcionamiento. El texto copiaba la redacción que tenía el artículo 17 de la ley de 1980, que habla de Audiencias Territoriales y Juzgados de Distrito, instancias que ya no existen, pues se desarrollaron a partir del sistema judicial heredado del franquismo y en 1985 se reformaron para configurar la organización judicial hoy vigente: los juzgados de instrucción y primera instancia y las Audiencias Provinciales.

Toda esta crisis ha hecho crecer la crítica interna a «la falta de coordinación dentro de la dirección» y a «la precipitación» en las decisiones. El nuevo PP, que muchos reducen al «núcleo duro» en el que se apoya Pablo Casado, es decir, a su secretario general y a su vicesecretario de Organización, «navega bajo el descontrol del viejo PP que ocupó responsabilidades en el reparto de poder», pactado en el Congreso de julio entre Casado y la ex secretaria general María Dolores de Cospedal. En toda esta negociación con los socialistas, las miradas más críticas apuntan contra el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, como interlocutor del Gobierno por conocedor de la materia. También hay críticas al funcionamiento de la dirección del Grupo Popular en el Congreso. El partido echa en falta una política que «vaya más allá de la reacción al momento o de perseguir a Ciudadanos».

En cuanto a la polémica sobre el «whatsapp» difundido por el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, con valoraciones políticas sobre el acuerdo pactado con el PSOE, la intrahistoria deja en evidencia fallos con responsabilidad repartida y explica la decisión de Casado de desmarcarse del contenido de ese mensaje, sin forzar un paso al lado de su portavoz en la Cámara Alta. El mensaje no responde ni siquiera al argumentario del partido, procedía de un grupo ajeno al mismo, en el que además de Cosidó participan otros miembros del PP, no la dirección en bloque. No era una instrucción interna ni argumentario con el que orientar a los cargos territoriales. Llegó de fuera, y ante la sensación de que dentro del partido no entendían el pacto alcanzado con el PSOE, se vio una salida que se difundió por varias vías, no sólo por la de la portavocía en el Senado. El PP asume que la crisis institucional que deja la negociación del CGPJ también ha dañado sus siglas, y además les ha hecho resentirse internamente. Pero el mayor problema es que a una semana de las elecciones andaluzas, en el nuevo PP andan a ciegas sobre por dónde les puede venir el siguiente «golpe» de la conocida como «operación Kitchen», la investigación sobre el presunto uso de fondos reservados por parte del Gobierno de Rajoy para anular información comprometedora en manos del ex tesorero Luis Bárcenas. De momento, las informaciones filtradas se han quedado en el nivel de la dirección de la Policía, pero en Génova se temen que vendrán «nuevos capítulos» que apuntarán a instancias más altas.