El oscuro horizonte penal de Bárcenas

Es uno de los motivos que esgrimió el pasado jueves el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para enviar a prisión a Luis Bárcenas: la gravedad de los delitos que se imputan al ex tesorero del PP, «sancionados todos ellos con penas de prisión de diversa duración». El magistrado hacía únicamente referencia expresa al delito de blanqueo, castigado con una pena máxima de hasta seis años de cárcel. Pero no es el único. El ex senador está también imputado por delitos de cohecho, fraude fiscal y, desde el pasado 10 de junio, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa (en este caso junto a su esposa, Rosalía Iglesias) por la supuesta simulación de operaciones de compraventa de obras de arte para burlar a Hacienda y conseguir el archivo del procedimiento. Por todas esas imputaciones, y a expensas de que se determine si alguno de los diez fraudes fiscales están prescritos, Bárcenas podría tener que enfrentarse a una solicitud de condena de al menos 14 años de cárcel.

En el escrito en el que la Fiscalía solicita al juez que imponga al ex senador una fianza de responsabilidad civil de 28,1 millones, Anticorrupción mantiene que el delito de blanqueo, «dada su reiteración en un largo periodo temporal y las distintas operaciones que se llevan a cabo a través de diversas cuentas», tiene carácter continuado, cuya pena podría alcanzar incluso los siete años y medio de prisión.

El Ministerio Público también sostiene que Bárcenas cometió cohecho en 2007 cuando, siendo senador, recibió supuestamente de Francisco Correa, líder de la «trama Gürtel», 72.000 euros. Este delito podría suponerle una pena de tres a seis años de prisión.

Fraude procesal

En cuanto a la falsedad documental por simular la compraventa de obras de arte para justificar un ingreso de 560.000 euros en una cuenta de su esposa, podría acarrearle entre seis meses y tres años de cárcel. Por otro lado, la tentativa de estafa procesal por este pretendido engaño «con el fin de inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa» (en palabras del propio Ruz) oscila, al no haberse consumado el delito, entre tres meses y un año de cárcel.

Más complicado resulta estimar las penas que podrían corresponderle por los diez delitos fiscales que Anticorrupción le atribuye entre 2000 y 2007 por sus declaraciones de IRPF y Patrimonio, a los que hay que sumar otro en 2006 como cooperador necesario del fraude que habría cometido su mujer en el impuesto sobre la Renta. Para empezar, la propia Fiscalía admite que algunos de ellos pueden haber prescrito (con carácter general, los delitos fiscales no son perseguibles penalmente pasados cinco años de su comisión, salvo que una investigación judicial haya interrumpido ese plazo). No obstante, cada uno de esos delitos podría ser castigado con penas de uno a cinco años de prisión, lo que en el improbable caso de que ninguno estuviese prescrito podría suponerle una petición fiscal mínima de diez años de prisión.

En esa sucesión de imputaciones con penas de prisión aparejadas sustentó Ruz su cambio de criterio respecto al pasado 25 de febrero, cuando se negó a ordenar el ingreso en prisión de Bárcenas, al que únicamente impuso comparecencias quincenales en la Audiencia Nacional, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Para Ruz, los «nuevos elementos» de la investigación (al desvelar recientemente la UDEF la existencia de más cuentas del ex tesorero del PP en EE UU, Bahamas y Uruguay) «incrementan de forma evidente y sensible» la gravedad de las penas asociadas «a los delitos que hasta fecha reciente constituían el objeto de la imputación».