Nuevo desafío del Parlament con una ley para Puigdemont

JxCat, ERC y la CUP desoyen al TC y aprueban la reforma para investir a un president a distancia.

El independentismo volvió a escenificar ayer su desafío al Estado con la aprobación de la reforma de La ley de Presidencia que abre la puerta a una hipotética investidura a distancia de Carles Puigdemont. Una iniciativa sin recorrido alguno, aceptada a regañadientes por Esquerra y aprobada de espaldas al Tribunal Constitucional, que ha advertido de las posibles consecuencias penales que puede conllevar.

A diferencia de las convulsas jornadas del 6 y el 7 de septiembre –cuando el independentismo impulsó por la vía unilateral las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica– la aprobación de la investidura a distancia no acarreará ningún gesto de desobediencia: Junts per Catalunya ya admitió la semana pasada que no pondrá en riesgo a la Mesa del Parlament para proclamar presidente a Puigdemont. Por tanto, el efecto de la nueva norma es puramente simbólico y busca dejar constancia del encontronazo político y jurídico con un Estado que, a ojos del independentismo, no respeta el resultado del 21-D.

El impulso de la modificación de la Ley de Presidencia –con los votos a favor de JxCat, Esquerra y la CUP– también supone un gesto de apoyo público al expresidente de la Generalitat justo cuando debe anunciar un nuevo candidato libre de cargas judiciales o bien decantarse por no proponer a nadie y esperar a una nueva convocatoria electoral.

Pese a su falta de recorrido, la aprobación de la nueva ley de investidura volvió a evidenciar ayer la profunda división que existe en un Parlament partido por completo en dos bloques. Ni en la forma ni en el fondo se pusieron de acuerdo independentistas y constitucionalistas: JxCat, Esquerra y la CUP promovieron una reforma de calado mediante la fórmula de lectura única, algo que enervó a la oposición.

No obstante, el encontronazo definitivo llegó con el contenido de la nueva ley, a medida de Puigdemont y de su ex Gobierno. La reforma permitiría «autorizar, por mayoría absoluta, que el debate de investidura se celebre sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata», además de dar el visto bueno a que los exconsellers que permanecen en el extranjero ejerzan su cargo a distancia.

«Es una ley para un fugado de la Justicia, es ilegal en la forma y en el fondo», resumió contundente la líder de Cs, Inés Arrimadas. «No se va aplicar en ningún sitio excepto en la república imaginaria de Puigdemont», ahondó. «Las leyes responden al interés general, pero esta ley que ustedes traen hoy aquí responde a un interés particular y a un interés partidista», aseguró en el mismo sentido el diputado del PP, Santi Rodríguez.

«Basta con leer el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. No recuerdo ninguno tan contundente; es unánime y de una institución nuestra, previa al 155, y sin injerencias del Estado, con unos miembros que no son nada sospechosos», añadió el líder del PSC, Miquel Iceta, quien basó su argumentario en la resolución del organismo catalán de la semana pasada, que resolvióque la nueva normativa vulnera el reglamento del Parlament, el Estatut y la Constitución.

Por su parte, los comunes cuestionaron la validez de la nueva norma después de que el diputado de ERC, Antoni Castellà, admitiera en el pleno que «es posible» que «no sirva para investir a nadie».