El Plan Torra para “romper España": declarar la independencia tras el fallo del procés

El ex president y su sucesor hablan diariamente y diseñan una estrategia de provocación extrema.

Llevar al Estado a una situación límite y choque frontal absoluto. Son los planes de Carles Puigdemont y Quim Torra tras la detención de los CDR, la convulsa sesión del Parlament y la inminente sentencia del Tribunal Supremo contra el «procés». En ello coinciden fuentes de su entorno y dirigentes políticos catalanes en medio de un escenario de confrontación. El prófugo de Waterloo y su sucesor al frente de la Generalitat hablan prácticamente a diario y diseñan una estrategia de provocación extrema. Dirigentes soberanistas admiten que el ritmo desafiante lo marcan «El Puchi» y Torra, bajo una consigna clara, afirman fuentes cercanas a ambos: «Es hora de romper España». El objetivo es desestabilizar al Estado al límite y proclamar la declaración unilateral de independencia (DUI), en el momento de publicarse la sentencia del Supremo. Liderar el bloque independentista y poner en una encrucijada a Esquerra Republicana son la hoja de ruta de Puigdemont y Torra con un PDeCAT en plena fractura y ebullición.

El fuego se aviva con las declaraciones de un detenido de los CDR ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en las que asegura que Quim Torra conocía sus planes de ocupar la sede del Parlament de Cataluña hasta publicar la sentencia del «procés», y desde allí proclamar la DUI. El famoso «apreteu», la arenga del presidente de la Generalitat a los activistas soberanistas, englobaba otras acciones callejeras violentas. Un auténtico «aquelarre», advierten fuentes de este bloque. Para los partidos constitucionalistas, PSC, PP y Ciudadanos, lo grave de lo sucedido en el Parlament es el contenido de la resolución aprobada, es decir, el respaldo total a la desobediencia al Estado y sus instituciones. «Mucho peor el fondo que la forma», opinan dirigentes de estos partidos, abochornados por el agresivo espectáculo.

Recuerdan que en el País Vasco nunca se produjo esta situación, ni siquiera en los momentos más trágicos de ETA. «Batasuna jaleaba el terrorismo, pero no así el Gobierno vasco o el PNV», opinan los constitucionalistas. Por ello, ven con mucha preocupación una «batasunización» de la Generalitat, el Parlament y las instituciones catalanas, en una escalada de tensión con el Estado. Los planes de Puigdemont y Torra pasan por liderar el soberanismo en clave radical: «Creen que así ERC perderá la partida», dicen los socialistas, PP y Cs, ante el fracaso electoral que las encuestas otorgan a Junts per Cataluña, la marca de Puigdemont en litigio con el PDeCAT, frente a una victoria de los republicanos. Para ello, no dudarían en aliarse con la CUP bajo lo que denominan «un fanatismo desquiciado».

El calendario judicial se presenta muy caliente. La sentencia del Tribunal Supremo contra el «procés» se hará pública en los primeros días de octubre, tras lo cual, a mediados de noviembre, el TSJC juzgará a Quim Torra por no retirar los lazos amarillos en plena precampaña del 28-A, y a los miembros de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura por desobediencia. Todo ello en medio de la fecha de las elecciones generales, el 10-N, y movimientos en pro de la independencia. Ayer mismo, tras la retirada de la pancarta de apoyo a los presos, que Torra sustituyó de inmediato por otra a favor de la libertad de expresión, un centenar de soberanistas hicieron público un manifiesto de respaldo a Torra, la desobediencia civil y la república catalana. Entre ellos figuran políticos como los ex diputados Josep Maria Terricabras y Antoni Baños, alcaldes, escritores, la actriz Silvia Bel, la profesora Teresa Casals o el filólogo Antoni Strubell.

El cruce de declaraciones es continuo. Desde la Generalitat, el Parlament y los partidos soberanistas se acusa de banalizar el terrorismo con fines electorales e insisten en que el independentismo siempre ha sido pacífico. El Gobierno ha optado por no caldear la tensión, entre firmeza y prudencia, y no contempla de momento el artículo 155, aunque recurrirá al TC las resoluciones del Parlament. El horizonte es incierto, dado que Puigdemont y Torra manejan los hilos con un desafiante mensaje: «Hay que sacar pecho». La detención de los CDR ha puesto el dedo en la llaga sobre la violencia independentista. A pesar de las cautelas de la Audiencia Nacional, que ha decretado la causa secreta, fuentes de la investigación creen que el grupo encarcelado es solo la punta del iceberg de una célula mucho más organizada. La ocupación del Parlament y acciones para «meter ruido» con explosivos, según expresión de los propios detenidos, figuraban entre sus objetivos.

Entre tanto, Puigdemont aguarda en Bruselas la sentencia del «procés» que puede reactivar la euroorden y su consiguiente detención en un país de la UE. Por ello, según avanzó este periódico, estaría planeando un nuevo destino en algún país de Suramérica o Asia. Su sucesor, Quim Torra, sigue al pie de la letra sus instrucciones y no piensa desfallecer en la estrategia de «choque de trenes» con Madrid. Algunos medios soberanistas opinan que con esta táctica de llevar las cosas al límite se forzaría un indulto de los presos, mientras otros, por el contrario, piensan que se producirá el efecto contrario con duras medidas por parte del gobierno que salga de las urnas el 10-N. La incertidumbre del resultado electoral y el pronóstico de las encuestas sin una mayoría clara exigirán, según sectores empresariales, algún tipo de acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP. «No hay otra salida», advierten muchos empresarios. Y recuerdan aquella frase del inolvidable Paco Ordóñez: «El problema no es el País Vasco, el problema es Cataluña».

La CUP debutará el 10-N en unas generales

El consejo político de la CUP decidió ayer presentarse por primera vez a las elecciones generales, concurrir a los comicios del 10-N, una medida que justifica ante el escenario de «excepcionalidad democrática» con el objetivo de defender el derecho a la autodeterminación y «decirle al Estado que se vaya».

Así lo anunció, tras la reunión del máximo órgano de gobierno de la formación anticapitalista, la ex diputada Mireia Vehí, quien dijo que no concurren para «bloquear», sino para decirle al Estado «que se vayan y no vuelvan», informa Efe.