El Pleno del Congreso reprueba a Montoro en plena negociación del techo de gasto

El Pleno del Congreso ha aprobado la reprobación del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tras la sentencia que declaró inconstitucional la declaración tributaria especial de 2012.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por amplia mayoría la reprobación del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tras la sentencia que declaró inconstitucional la declaración tributaria especial de 2012, conocida como 'amnistía fiscal'.

La iniciativa, propuesta por el Grupo Socialista, sumó 197 votos de PSOE, Unidos m Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. En contra se pronunciaron 135 diputados del PP más sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y de Coalición Canaria, mientras que los cinco del PNV optaron por la abstención.

Tras la votación, el ministro ha dicho aceptar el resultado de la votación asumiendo que la "la reprobación es un acto democrático", pero ha renglón seguido ha indicado que es un "reproche"que no tiene consecuencia práctica.

En ese sentido, ha querido dejar claro que seguirá trabajando en la preparación de los Presupuestos Generales de 2018, empezando por el techo de gasto, que es la "antesala"y que el Gobierno aprobará el próximo lunes. "La vida sigue y hay que seguir trabajando y negociando", ha dicho.

Es la segunda vez en menos de un año de legislatura que un ministro de Mariano Rajoy es reprobado por el Congreso, tras la moción que sancionó las presuntas interferencias del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el trabajo de los fiscales durante la instrucción del 'caso Lezo'.

La moción votada este jueves es consecuencia de la interpelación urgente dirigida al ministro por parte del PSOE, que exigió la dimisión del ministro o su destitución por parte del presidente del Gobierno. Todo ello tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula la amnistía fiscal aprobada en 2012.

En la sentencia, el Alto Tribunal criticaba que la regularización "supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos", acusaba al Ejecutivo de "legitimar"el fraude fiscal y consideraba que la amnistía suponía una "quiebra del objetivo de justicia al que debe tender el sistema tributario".

Sin embargo, el ministro alegó que la sentencia no tenía efectos prácticos, ya que apelando al principio de seguridad jurídica, no se anulaban las regularizaciones tributarias firmes, y que la razón del Constitucional para sentenciar por unanimidad que la amnistía suponía una vulneración de la Constitución se sustentaba en que había sido aprobada a través de un decreto ley y no de un proyecto de ley.

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