El PP achaca el chivatazo a «las más altas instancias políticas»

Las acusaciones particulares del «caso Faisán» insistieron ayer en el «móvil político» del chivatazo que alertó a ETA, en mayo de 2006, de una inminente operación contra su red de extorsión en pleno proceso de negociación con la banda terrorista.

Las acusaciones particulares del «caso Faisán» insistieron ayer en el «móvil político» del chivatazo que alertó a ETA, en mayo de 2006, de una inminente operación contra su red de extorsión en pleno proceso de negociación con la banda terrorista.

Ausente el fiscal Carlos Bautista (quien tras su informe final del pasado jueves no compareció en la sala, cediendo el testigo a su compañero Fernando Burgos), era el turno de los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), de Dignidad y Justicia y del Partido Popular. El letrado de esta formación, Alexis Godoy, fue quien llegó más lejos al considerar «evidente» que los autores del soplo a ETA –según las acusaciones, los dos mandos policiales que se han sentado en el banquillo, Enrique Pamies y José María Ballesteros– «no actuaron por cuenta propia» y que el chivatazo a la banda terrorista «fue ordenado por las más altas instancias policiales y políticas».

«Gravísimas consecuencias»

Como si la recta final del proceso le hubiera espoleado (durante la vista sus intervenciones han sido contadas), el abogado no tuvo reparos en señalar al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo (quien estuvo imputado en este procedimiento, aunque finalmente esquivó el banquillo), aunque matizó que la cadena de mando no moría ahí, pues «siguió también instrucciones de sus superiores».

Si la semana pasada era el fiscal quien instaba sin tapujos a los procesados a tirar de la manta, como hizo el ex policía José Amedo en el «caso GAL», esta vez fue el letrado del PP quien suspiró porque la investigación no muera aquí. «Esperemos –dijo en su informe de conclusiones– que éste no sea el último juicio por el "caso Faisán"y que todos los responsables sean juzgados por esta delación». Para Godoy, las consecuencias del soplo fueron «gravísimas», al provocar «un desastre sin precedentes» y echar por tierra «años y años de investigación contra el aparato de finanzas de ETA».

«Un estómago agradecido»

Las tres acusaciones particulares coincidieron en tachar de «inverosímil» la versión de Pamies de que el día del chivatazo tenía una cita con un confidente en la zona del bar Faisán de Irún (el ex etarra «El Romano») y, por eso, envió a Ballesteros para comprobar sobre el terreno si podía o no llevarla a cabo ante el despliegue policial contra la red de extorsión de ETA.

Para el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, esa versión «está descartada». El letrado hizo hincapié en su exposición en que «lo que frustra la operación», al margen de que Francia finalmente la paralizase, es «la llamada a Elosua, puesto que cambia totalmente el escenario» (provocando el desplazamiento del dueño del bar Faisán a Francia para alertar al supuesto etarra Cau Aldanur, y no el de éste a Irún, como estaba previsto, dejando en manos de la Policía española las riendas del operativo). A diferencia del fiscal, Guerrero sí pidió al tribunal (como la AVT y el PP) que condene también por colaboración con ETA a los dos mandos policiales. Aunque no compartan con la banda «fines y objetivos», recalcó Guerrero, «ayudaron» a la organización facilitándole «una información significativa y relevante».

Por su parte, la abogada de Dignidad y Justicia, Vanesa de Santiago, aseguró que «El Romano» compareció en el juicio «para hacer un favor a Pamies. Se trató de la declaración de un estómago agradecido». Para la letrada, no resulta creíble que el entonces jefe superior de Policía del País Vasco, «conociendo la operación contra ETA, quedara con el confidente en la zona del bar Faisán poniendo en riesgo a su informante».

La abogada de Dignidad y Justicia mostró su extrañeza por el hecho de que Pamies recurriera para que le hiciera la cobertura de ese supuesto encuentro «a un policía que está en un curso de 4x4 en Cantabria, obligándole a desplazarse 144 kilómetros, que además no conoce la zona y que está especializado en terrorismo islamista y no en ETA».