El PP censura la sentencia sobre el escrache a Santamaría porque «legitima» la violencia

Floriano se pregunta qué habría pasado si un grupo de extrema derecha hubiera rodeado a una vicepresidenta «de izquierdas».

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha expresado este miércoles su "sorpresa"por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que concluye que no hubo delito en el 'escrache' contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, porque entiende que "legitima"la violencia verbal.

"Sencillamente no entiendo por qué tiene que estar legitimado que te puedan rodear tu casa, que te puedan insultar o amenazar, por qué está legitimado que yendo por la calle te rodeen y te griten, que se ejerza esa violencia verbal que algunos dicen que no es, pero cuando a uno le insultan no sé como llamar a eso", ha declarado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press. El dirigente 'popular' ha añadido que, al leer la sentencia, se ha preguntado qué hubiera pasado si "un grupo de extrema derecha"hubiera actuado así con una vicepresidenta de izquierdas y si todo el mundo se hubiese comportado de la misma manera.

En tal caso, ha asegurado que él estaría "censurando exactamente en los mismos términos una sentencia de este tipo", pero ha puesto en duda que la propia decisión judicial hubiera ido en la misma dirección y que se estuvieran diciendo "algunas de las cosas"que se dicen sobre el escrache a su "compañera".
RECURSO DE LA FISCALIA

La Audiencia de Madrid desestimó este martes el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión adoptada por el juez de Madrid Marcelino Sexmero al archivar la denuncia interpuesta por familiares de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el "escrache"realizado el pasado 5 de abril frente a su domicilio por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En un auto de diez páginas que tiene fecha del pasado día 29, la Sección Decimosexta de la Audiencia de Madrid desestima el recurso del Ministerio Público al entender que en este caso no concurrieron al domicilio de la vicepresidenta personas con armas, explosivos ni objetos contundentes, y que tampoco se ha acreditado que la protesta se convocara para cometer delito de coacción o atentado.

"El único elemento de observancia inexcusable del derecho de manifestación en la vía pública es que la misma sea pacífica (¿) y ningún indicio obrante en autos apunto a lo contrario, según las manifestaciones e imágenes aportadas"a los autos, por lo que no procede estimar la petición del Fiscal para que se reabriera la causa.

Por este asunto se abrieron inicialmente diligencias contra un total de 27 personas y en sus primeras resoluciones consideraba como al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge como uno de los instigadores de la concentración.

Los jueces consideran que la citada concentración debe entenderse como un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos, según señala el auto dado a conocer este martes.

Los jueces explican que en los hechos denunciados no se aprecia el delito de amenazas, ya que no se recogen ni se refieren por los denunciantes en ningún momento actos o expresiones por parte de los denunciados que pudieran ser indicativas de la intención de causar algún perjuicio a la vicepresidenta del Gobierno, ni de coacciones, porque nada en lo ocurrido avala la tesis de que la finalidad perseguida por los ciudadanos concentrados fuese la de quebrantar la voluntad política de los denunciantes, salvo que todo legítimo intento o deseo de influir en el criterio de otro sea calificado como tal.

En mayo del pasado año, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Macelino Sexmero archivó la denuncia interpuesta por familiares de la vicepresidenta al no encontrar que los concentrados atentaran contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta y su familia pues la finalidad del 'escrache' no era quebrantar por la fuerza la voluntad política"de Sáenz de Santamaría, "sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria y la crítica a la por ellos considerada inactividad de los políticos gobernantes".