El PP exige a la Junta Electoral silenciar los «viernes sociales»

Pide que no se puedan divulgar los decretos en periodo electoral «por el medio que sea».

El PP formalizó ayer ante la Junta Electoral Central la impugnación de los decretos ley que el Gobierno quiere aprobar en la Diputación Permanente del Congreso con las Cortes Generales disueltas. En una situación política excepcional, que se está concretando en el recurso a medidas también inéditas, la discusión jurídica abierta es si el Ejecutivo puede aprobar normas con rango de ley en periodo electoral sin que se den los requisitos de «urgencia y necesidad» que lo justificarían. Constitucionalistas han advertido de que existen «serias dudas» atendiendo al art. 86 de la Carta Magna.

En su escrito, el PP apela a la exigencia de neutralidad a la que obliga la Ley Electoral a los poderes públicos para exigir «que se suspendan durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en lo que se refiere a estas medidas electoralistas que se pretenden con la aprobación de estos decretos-leyes y cualquier clase de publicidad, por los medios que sea, que se quiera dar de los mismos».

Por tanto, la vía parlamentaria seguirá su camino, en función del informe que ha solicitado la Mesa del Congreso a los servicios jurídicos respecto a la tramitación de los decretos ley, mientras que el PP dirige su recurso a frenar el uso del Gobierno «con interés propagandístico» de sus medidas. Desde el punto de vista político, la maniobra del Ejecutivo es muy eficaz porque es difícil explicar a la opinión pública el «no» a iniciativas como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, aunque no sean de efecto inmediato, con razones de «tecnicismos legales». Incluso a costa de hacer trampas parlamentarias.

En su reclamación,el PP cita las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que instaba a estar atentos «todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas». Alude expresamente a unas declaraciones recogidas por La Sexta, a las afirmaciones de otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta Carmen Calvo, y denuncia el trato que dio TVE en el telediario, «dando un claro apoyo a las medidas aprobada el 1 de marzo». «Distintos líderes del PSOE han expresado en estos días la oportunidad de la aprobación de estos decretos-leyes de cara a la campaña, aunque algunos han mostrado preocupación por la forma en que se va a usar en su convalidación y porque son aspectos sociales, que son los que más carga de componente político y sensibilización tienen de cara a los electores». Para el PP quiebran los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales. Como argumento, esgrimen que «la mayoría de los medios de comunicación y partidos han hecho expresión del carácter electoralista de este proceder por parte del Gobierno, que además no se ajusta a la extraordinaria y urgente necesidad que depara a estos instrumentos legislativos provisionales el art. 86».

El art. 50 de la Ley Electoral, recuerda la impugnación, prohíbe desde «la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a la realizaciones de los logros obtenidos». Obligación que atiende al deber de neutralidad de los poderes públicos. La Junta Electoral emitió una instrucción en 2011 reforzando esta exigencia de neutralidad. La prohibición afecta a la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras.

«Como recogen distintos acuerdos de la JEC en casos similares, estas aprobaciones del Consejo de Ministros y sobre todo su publicidad y difusión no son imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos», sentencia la impugnación del PP.