El PP expulsa a los detenidos en Valencia para no frenar su negociación con C’s

Desde Moncloa intentaron levantar un muro para contener los efectos. Sáenz de Santamaría asegura que los arrestos demuestran que «no hay impunidad».

La «operación Taula» contra la presunta corrupción en el Partido Popular (PP) valenciano golpeó ayer el movimiento táctico del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para romper la imagen de soledad y escenificar, con su acercamiento a Ciudadanos, su disposición a buscar aliados y posibles acuerdos, presionando a su vez al PSOE con su propuesta de «gran coalición en defensa de la unidad de España y para mantener el crecimiento económico». El PP nacional reaccionó inmediatamente a las primeras noticias que llegaron de la macrorredada en Valencia, conscientes de su alcance, con un comunicado en el que anunciaron que el Comité de Derechos y Garantías del partido, a instancias del PP valenciano, había acordado «la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de la operación policial desarrollada en Valencia y que figuran como afiliados del PP». En la nota difundida, la dirección popular resaltó, asimismo, el mensaje de que «el PP rechaza cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, y adoptará las medidas que están en su mano para atajar cualquier actuación que infrinja la ley». Además de recordar que ya suspendieron de militancia al ex presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus en mayo de 2015. La «operación Taula», relacionada con el «caso Imelsa», que analiza una supuesta trama de cobro de comisiones en esta empresa pública de la Diputación valenciana, estalla en un momento delicado para el PP, justo cuando Rajoy intenta sacudirse las dudas por su política tras el 20-D y por la imagen de falta de iniciativa que están alimentando desde la izquierda.

Ayer cayó como un jarro de agua fría entre los cargos del PP, que ven con creciente preocupación la evolución del escenario político, aunque siguen sin descartar que pueda haber de nuevo elecciones. Al desconcierto por lo que pueda pasar con el Gobierno se sumó la confusión que se extendió por las filas populares mientras la causa seguía declarada secreta y a la espera de conocer los nombres de todos los investigados. Ayer por la mañana fueron detenidos Rus y más de una veintena de personas.

Desde Moncloa y desde la dirección popular intentaron levantar un muro para contener los efectos de este escándalo en el tablero postelectoral. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que la operación contra la corrupción en Valencia demuestra que en España «no hay impunidad» y que las Fuerzas de Seguridad del Estado y los tribunales actúan contra «cualquiera que sea su autor», con independencia de la formación política a la que afecte. «Hay casos que afectan a la práctica totalidad de las fuerzas políticas de nuestro país, y se persiguen y se juzgan con igual ahínco. Hay que tenerlo presente», sentenció. Y en parecidos términos se pronunció el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. El portavoz parlamentario negó que la operación policial en Valencia vaya a afectar a su negociación con Ciudadanos. Rajoy movió ficha el lunes con el partido de Albert Rivera al empezar a dejarse notar los recelos en las filas de su partido por un posible acercamiento de Rivera a Pedro Sánchez, después de que el líder popular declinase presentarse a la sesión de investidura. El líder de Ciudadanos se ha vuelto a colocar en el medio, y hablará con el PP y con el PSOE para buscar un entendimiento a tres bandas. Y aunque el PP intentó frenar la reacción, desde la formación naranja se apresuraron a marcar distancias con ellos por los casos de corrupción que les afectan. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, aseguró que Rajoy «no es la persona más indicada para abanderar la lucha contra la corrupción», una cuestión «nuclear» en las conversaciones para la conformación del próximo Gobierno, informa Ep.

Preguntado expresamente sobre si la operación contra la corrupción en Valencia podría influir en las conversaciones con el PP y con el PSOE para decidir el futuro Ejecutivo, y quién lo liderará, replicó: «La corrupción lo condiciona todo, sobre todo cuando es institucionalizada, generalizada, mantenida en el tiempo y con conocimiento popular de que se está produciendo». Girauta añadió que no presupone «responsabilidad» de Rajoy en los casos de corrupción que afectan a sus siglas, pero sí una «negligencia extrema». No obstante, Ciudadanos no abre ahora el debate sobre «los nombres», porque en sus conversaciones con socialistas y populares prefiere centrarse en las políticas y en los contenidos.

PSOE y Podemos también se agarraron a la operación policial en Valencia para cargar contra el PP y contra Rajoy, y torpedear la propuesta de una gran coalición, que ayer fue abanderada por el ex presidente del Gobierno Felipe González y por otros socialistas históricos, como el ex ministro José Bono. La dirección popular sostiene que, pese a todo, después de la segunda ronda de contactos del Rey Felipe VI abrirán una negociación con Rivera, a la que esperan que finalmente se sume el líder socialista, «convencido» por las críticas dentro de su partido al pacto con Podemos.