El PP «tumbará» en el Congreso la demanda del Parlamento catalán

La proposición del Parlamento catalán, en la que solicitan el traspaso de competencias para organizar un referéndum, tiene un recorrido muy corto. El PP votará en su contra en el Congreso porque afecta a «materia de soberanía que no es susceptible de delegación». Lo comparan con el proceso que ya siguió el «plan Ibarretxe». Si los nacionalistas acatan la negativa, el Gobierno no tiene nada más que hacer. Si no la acatan y adoptan decisiones legislativas o ejecutivas que avancen hacia la convocatoria del referéndum independentista, el Gobierno las recurrirá, una por una, ante el Tribunal Constitucional (TC).

En el recorrido en el Congreso de la propuesta del Parlamento catalán, antes de que sea «tumbada» con los votos de la mayoría», la decisión previa del PP es que esta iniciativa autonómica reciba el mismo trato que las demás propuestas enviadas por las asambleas legislativas territoriales. Esto quiere decir que, en principio, debería colocarse a la cola, y ya hay muchas otras propuestas a la espera de ser calificadas por el órgano de gobierno de la Cámara para ser debatidas en el Pleno. De respetar el orden de entrada en el Registro del Congreso, la reivindicación independentista no sería debatida en este periodo de sesiones, sino que quedaría pendiente para el próximo mes de octubre.

No obstante, en ese contexto cabe anticipar que los grupos catalanes no se conformarán con respetar el calendario e intentarán forzar el debate de su exigencia convirtiéndola en una proposición de ley conjunta. Todos los grupos tienen una cuota de iniciativas para incluir en el orden del día, y, por lo tanto, en cuestión de semanas podría llegar al Pleno. De una o de otra manera, la mayoría se impondrá y la rechazará.

En ese caso, el Gobierno también juega ya con la hipótesis de que CiU y ERC no se resignen y redoblen la tensión por la vía de aprobar en el Parlamento catalán una ley en la que se arroguen las competencias para convocar la consulta independentista. En ese caso, entraría ya en juego el TC, porque el Ejecutivo impugnaría la ley ante el Alto Tribunal para conseguir así su suspensión inmediata. Esta misma estrategia seguirán con cualquier otra decisión dirigida a poner en marcha la consulta. Si la Generalitat no acatase las decisiones del TC, el Gobierno tendría que recurrir al artículo 155 de la Constitución, no para suspender de manera global la autonomía, pero sí para asumir las competencias en determinados ámbitos, como puede ser el presupuestario. En cualquier caso, éste es un escenario excepcional que el Gobierno cree que no llegará a darse porque antes habrá un anticipo de elecciones en Cataluña.

Mientras, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, participó ayer en la entrega del Premio Carlos V al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. «Los europeos tendremos un mañana colmado de días azules y soleados», aseguró Rajoy, que llegó al monasterio de Yuste con el ánimo subido tras su viaje a Washington. Rajoy mantuvo ese positivismo a lo largo de todo el discurso y, en relación al proyecto integrador de naciones que simboliza Europa, precisó que «visión y ambición» son los vectores de «toda acción humana para la realización de una idea». Y, para el presidente, encargado de pronunciar la «laudatio» del acto, Europa requiere «de acción, de compromiso para su realización en la historia, mas también de reflexión, de recogimiento, de maduración para su alumbramiento».

El líder del Ejecutivo defendió que en la Constitución «cabemos todos» y dijo que constituye «la mejor garantía para avanzar y alcanzar la justicia, la prosperidad y el bienestar material de todos los españoles».