El primer pedido de publicidad del 1-O: 100.000 pirulos y un millón de trípticos

La investigación por malversación.

Horas después de que el pasado 6 de septiembre el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, firmase la convocatoria del referéndum soberanista, la maquinaria independentista puso en marcha todos los mecanismos para que la consulta se celebrase pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional. Al día siguiente, el entonces director creativo de Òmnium Cultural, Aitor Sampere, envió un correo electrónico a los responsables de una empresa de impresión de cartelería, Artyplan, para solicitar un presupuesto con el objetivo de publicitar el referéndum ilegal.

En dicha misiva –incorporada a uno de los últimos informes remitidos por la Guardia Civil al juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para apuntalar la supuesta comisión de un delito de malversación–, el empleado de Òmnium se interesa por el coste que supondría la «producción en instalación en toda Cataluña» de 100.000 pirulos, 30.000 carteles para comercios, otros 150.000 para porterías de edificios y un millón de trípticos (ver desglose del coste adjunto realizado por la Guardia Civil).

Pero lo que más llama la atención del encargo «urgente» de Òmnium Cultural –teniendo en cuenta que ese mismo día el Tribunal Constitucional había suspendido el referéndum tras el recurso presentado por el Gobierno– es que se hiciese constar el «compromiso de que lo haremos».

Desde la propia empresa se aclaró a la Guardia Civil que a la entidad soberanista «sólo se le pasó el precio de la impresión», pero no el de la distribución, «ya que no nos indicó las poblaciones». En su declaración policial en calidad de testigo, Sampere admitió la relación comercial de Òmnium con Artyplan, a la que según dijo «se le solicita mucha cartelería», pero negó haber hecho gestión alguna con la misma para llevar a cabo la impresión de carteles publicitarios del referéndum. Asimismo, aseguró que en ocasiones la asociación soberanista ha realizado algún servicio para partidos políticos como Junts pel Sí, pero nunca para la Generalitat.

Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que la Generalitat utilizó a Òmnium como entidad interpuesta para abonar con dinero público 61.879 euros en cartelería del referéndum ilegal.

La Guardia Civil cifra en 16.800 euros el coste de los 100.000 pirulos electorales, mientras que estima que los 30.000 carteles para tiendas y comercios suponían un desembolso de 2.094 euros, otros 7.485 correspondientes a los 150.000 carteles para porterías y, finalmente, 25.000 euros relativos a la impresión del millón de trípticos del 1-O (a los que añade otros 10.700 por el buzoneo de los mismos).

Para la Guardia Civil, tanto Òmnium como la ANC no se limitaron a movilizar a la ciudadanía en favor de la consulta, sino que asumieron el coste de «diferentes campañas promotoras» del 1-O.