El prior del Valle de los Caídos levanta el recurso que bloqueaba las exhumaciones

La Abadía da el primer paso para desbloquear las situación y permite la entrada de los técnicos para que sean ellos los que estudien se las exhumaciones son posibles

El prior de la abadía del Valle de los Caídos ha tomado la iniciativa para desbloquear la situación y procederá este lunes a retirar de los tribunales el recurso que paralizó el acceso de los técnicos de Patrimonio Nacional para estudiar la posibilidad de realizar exhumaciones de caídos republicanos de la Guerra Civil. A la materialización de este gesto ha contríbuido la mediación de la portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Ester Muñoz, para tender puentes entre la comunidad benedictina y el bloque formado por la izquierda y los independentistas. El prior, Cantera, interpuso el recurso no por negarse a que los familiares de los caídos republicanos pudieran dar sepultura a sus seres queridos donde quisieran sino para salvaguardar el deseo de otras familias que habían mostrado su preocupación de que la exhumación ordenada por la sentencia sirviera para que la izquierda lograra su ansiado objetivo de hacerse con el control del monumento para «desacralizarlo», por utilizar una expresión textual de senador de Podemos, Joan Camomera.

La decisión de la Abadía no supone que las exhumaciones se vayan a llevar a cabo sino que los técnicos de Patrimonio podrán acceder a los columbarios del Valle donde se guardan los restos para estudiar en base a criterios científicos el estado estructural de esta parte del monumento donde se guardan los restos de 34.000 caídos en la contienda nacional y, en consecuencia, la viabilidad de las exhumaciones.

Asociaciones de extrema izquierda y grupos de presión de la llamada memoria histórica llevan años aplicando toda la presión mediática y judicial posible sobre Gobierno, partidos políticos y sobre la comunidad benedictina para lograr que la basílica sea expropiada a la Iglesia y el monumento se «resignifique» convirtiendolo en una suerte de «parque temático de la memoria». «Hace décadas que los españoles nos reconciliamos con sucesos ocurridos hace 70 y 80 años, pero parece que algunos siguen empeñados en mantener abiertas las heridas y la división», declaro a LA RAZÓN Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y nieto de un trabajador republicano que trabajó en la construcción del Valle.

Además, el entorno de la Abadía se ha puesto en contacto con las 35 familias de caídos del bando nacional que habían mostrado su preocupación por las maniobras de los activistas asegurándoles que la retirada del recurso no significa que los responsables del Valle vayan a cejar en sus compromiso de que no se perturbe el descanso de sus restos que custodian. Esta misma garantía fue trasmitida a este diario por el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, representante de numerosas familias que tienen personas queridas –tanto nacionales como republicanos– enterradas en el monumento. Un juzgado de San Lorenzo del Escorial ordenó la exhumanción de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), miembros de la CNT enterrados en el Valle; pero la sentencia era explícita en cuanto a que los derechos de sus familiares no eran absolutos: debía acreditarse que la exhumación podía realizarse sin daños estructurales y sin afectar a los retos de otras personas. La postura de la Iglesia, que nunca se ha negado a exhumaciones de familiares que así lo deseen pero que defiende la integridad del monumento, fue expresada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blazquez: «Si la autoridad legítima al abad del Valle de los Caídos le dice que aquí tenemos estos restos y mandemos que sean custodiados, este no se puede negar, ni a recibirlos, ni para sacarlos», aseguró.

En su carta al Senado, Cantera dejaba claro que «la Comunidad Benedictina reconoce los derechos de los familiares que solicitan exhumar los restos de sus antepasados para trasladarlos a otro cementerio, pero a la par desea que se garanticen los derechos de los familiares del resto de los allí enterrados y que no exista ningún riesgo estructural en los osarios ni de daño alguno posible en el interior de los mismos por las operaciones que en ellos se realicen».