Política

El PSOE bloquea una batería de medidas para evitar otra DUI

No apoyará la prohibición de indultos por sedición o penalizar los referéndum.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), y el presidente de la Fundación RAISS, el actor estadounidense Richard Gere
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), y el presidente de la Fundación RAISS, el actor estadounidense Richard Gere

No apoyará la prohibición de indultos por sedición o penalizar los referéndum.

Cuando se cumple un año de la Declaración Unilateral de Independencia el 27 de octubre, en el Congreso está pendiente de tramitación un paquete de medidas que van dirigidas a aumentar el cerco al secesionismo y reforzar la respuesta frente a otro posible intento de declaración de ruptura unilateral. Tienen, además, una intencionalidad política porque en la actual coyuntura buscan que el Gobierno se retrate ante el Pleno del Parlamento en relación a Cataluña y bajo la presión de su negociación con los partidos independentistas para sacar los PGE de 2019.

El Gobierno va por su lado; y PP y Ciudadanos, por el suyo. Y esto ya era así antes de que Moncloa solemnizase la ruptura de relaciones con el líder de la oposición, Pablo Casado, por haber acusado el presidente, Pedro Sánchez, de ser responsable del «golpe de Estado» que el independentismo está impulsando en Cataluña.

La situación era igual antes que después del último encontronazo del miércoles entre Sánchez y Casado, y antes y ahora las dos partes tienen claro que el Grupo Socialista no va a respaldar ninguna de las medidas del paquete de reformas impulsadas en su mayoría por el PP, y que en teoría sí tienen el respaldo de la otra fuerza constitucionalista. Todas acabarán decayendo en el Parlamento antes de que se disuelva la legislatura, bien porque se exprima el Reglamento de la Cámara para retrasarlas lo máximo, o, de ser inviable evitar que lleguen a votarse, los socialistas directamente no las respaldarán.

Éste va a ser el final de la propuesta del PP para reformar la ley del indulto en el sentido de prohibir la concesión de esta medida de gracia a los condenados por sedición o rebelión. El PSOE tramita una reforma de esta ley para prohibir el indulto a los funcionarios públicos condenados por corrupción y violencia de género. Primero retrasó la toma en consideración de la enmienda presentada por el PP, y ante la amenaza de una votación inmediata en Pleno sobre la materia, la desbloqueó, pero desde el Grupo Socialista anticipan que pervierte el sentido de su reforma y que si el PP quiere hacer esta modificación, el camino que tiene que seguir es el de presentar una propuesta que recoja específicamente su planteamiento. La enmienda del PP lleva registrada desde la primavera y hasta ahora la mayoría de la mesa de la comisión, en manos del PSOE y ERC, la había mantenido paralizada. La próxima semana hay reunión, y el Grupo Popular empezará a medir si no hay voluntad de aceptarla ni en ponencia ni en comisión. En ese caso, el PP la llevaría a Pleno y el PSOE tendría que retratarse.

Pero antes o después la reforma no prosperará por las diferencias estratégicas que separan a los partidos constitucionalistas. De hecho, desde el Gobierno y desde el PSOE se han lanzado guiños al indulto a los presos independentistas, además de poner en cuestión la calificación del delito de rebelión señalada por el juez instructor Pablo Llarena. Tampoco está en los planes del PSOE negociar con el principal partido de la oposición que se recupere el delito de convocar un referéndum ilegal, incorporado al Código Penal por el Gobierno de José María Aznar, y rectificado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando dependía en Madrid de los votos del tripartito catalán.

Los nueve diputados de ERC y los ocho del PDCAT conseguirán también, con el apoyo de la izquierda, evitar que prospere la proposición de ley, registrada el 11 de octubre, para modificar la Ley de Acción y del Servicio Exterior para acabar con las embajadas falsas independentistas. Y lo mismo ocurrirá con la proposición de ley, que también entró en la Cámara el 11 octubre, por la que se habilitaría al Consejo de Ministros a suspender inmediatamente o limitar de manera parcial la financiación con fondos públicos estatales de los partidos en los que haya personas condenadas por delitos contra la unidad y la soberanía nacional.

En concreto, el texto señala los delitos «contra la Corona, contra las instituciones del Estado y la separación de poderes, relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizadas por la Constitución, cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales y los ultrajes a España, el Título XXII que contiene los delitos contra el orden público, como la sedición, los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas o explosivos, organizaciones y grupos criminales, organizaciones y grupos terroristas».

Otra de las propuestas condenada a no concitar el apoyo del bloque constitucionalista es la Ley de Convivencia y de Símbolos, que el Grupo Popular presentó para evitar que los símbolos de exclusión, como los lazos amarillos, copen las instituciones y los espacios públicos. El sentido de esta iniciativa es velar por la neutralidad y la convivencia de todos, según los populares. El proyecto presentado por el PP también plantea reforzar la protección de los símbolos nacionales y oficiales como serían el Rey, el himno, el escudo y la bandera de España. Pero justo el miércoles el PSOE votó junto con Podemos y los partidos independentistas para impulsar la derogación de los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a la Corona, los ultrajes a España y sus símbolos, las ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. PP y Cs interpretaron que era «un peaje más» del PSOE a los partidos que apoyaron la moción de censura.

En los planes del Gobierno tampoco entra valorar siquiera en estos momentos la posibilidad de activar de nuevo 155 para actuaciones concretas como tomar el control de TV3, de los Mossos o reforzar las competencias del Estado en materia de Educación.