El PSOE cumple su amenaza y se abstiene de defender la unidad nacional

...Y tras el Debate de la Nación, la liturgia de cada año. Propuestas de resolución, votaciones y textos no vinculantes que quedarán, o no, en el olvido. En esta edición, 105 iniciativas presentadas y sólo 24 aprobadas: 15 del PP, una de UPyD, dos del PNV, otras tantas de CiU, dos de CC y una de ERC. Ninguna del PSOE ni de la Izquierda Plural. Pero si algo deja para la historia este debate de política general es una Cámara Baja profundamente dividida ante el desafío independentista. No hubo manera de que los grupos acordaran una respuesta común a la crisis territorial de España.

Lo que salió del Congreso de los Diputados fue tan sólo un texto impulsado por los populares, que reafirma el principio de soberanía nacional recogido en la Constitución y del que el PSOE se desmarcó con una abstención anunciada desde la tarde del día anterior. Esta vez ni la presión de la todopoderosa Susana Díaz hizo cambiar de opinión a un Rubalcaba reticente a gritar ¡Vivas a la Constitución! cada 15 días, según sus propias palabras. No es que los socialistas defiendan otra soberanía más que la nacional, ni que hayan decidido abjurar de la unidad de España, simplemente demandan que además del «no» por respuesta a la consulta catalana se abra un marco de diálogo en el Parlamento para la búsqueda de soluciones que eviten el temido choque de trenes. O eso dicen. Su oferta para revisar el modelo territorial fue rechazada por PP y UPyD.

Al menos, esta vez la disciplina de voto en el PSOE pasó la temida prueba de fuego. Y andaluces, catalanes, extremeños, vascos y demás diputados del Grupo de Rubalcaba votaron lo mismo, a diferencia del año pasado que se partieron por la mitad. Por tanto, la única resolución sobre Cataluña –aunque sin mención expresa al desafío indepentista– que se aprobó fue la impulsada por el PP para reafirmar el «valor de la concordia, la convivencia y el consenso» como «principios sobre los que se ha fundamentado la Constitución Española», y con ella el «periodo democrático y de estabilidad política e institucional más largo de nuestra historia». También plantea el reconocimiento a «la vigencia» de la Carta Magna «en toda su extensión», pero «especialmente en lo que se refiere a su expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Todo esto además de «proclamar» que, «de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática», una parte de la ciudadanía no puede «decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español». El Congreso, con sólo los votos de la mayoría del PP –ya que UPyD se sumó a la resolución– expresaba así su respaldo al Ejecutivo para que «siga tomando, desde los principios de la defensa del interés general, la responsabilidad, la estabilidad y la moderación y en el ejercicio de su disposición al diálogo, cuantas medidas le permita el ordenamiento jurídico, para preservar la unidad de España, como una nación de ciudadanos libres e iguales sometidos únicamente al imperio de la Ley».

Huelga decir que además de la abstención de PSOE e UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), los nacionalistas y los independentistas se decantaron por el «no». Y, según lo previsto, las iniciativas en pro de la consulta secesionista catalana que habían registrado CiU, ERC e ICV fueron rechazadas con los votos de PP, UPyD y UPN, ya que el PSOE decidió también abstenerse. En sus respectivas propuestas, las formaciones catalanas pretendían que el Gobierno de Rajoy negociara con Cataluña la Generalitat la celebración del referéndum con el fin de conocer la voluntad de los catalanes sobre su futuro político. También fue «tumbada» una propuesta de Amaiur que defendía «el derecho a decidir» y demandaba que se reconociera a «los Parlamentos de las naciones del Estado» como representantes legítimos de la soberanía de sus rpueblos y se les permitiera «acordar la convocatoria de consultas».