El PSOE no apoyará el veto a los indultos del «procés»

Rechazan pronunciarse antes de que haya condena firme y defienden la legalidad de la medida.

La oposición de PP y Ciudadanos se ha propuesto retratar al Gobierno a cuenta de los indultos a los líderes del «procés» en plena campaña de las elecciones andaluzas. El resquicio lo abrió hace dos semanas Albert Rivera en una sesión de control al Gobierno en la que pidió a Pedro Sánchez su compromiso de no impulsar esta medida de corte indulgente para quienes habían burlado sistemáticamente la ley en Cataluña. El presidente del Gobierno guardó silencio y esta indefinición, que el Ejecutivo ha mantenido hasta ahora, ha dado alas a la formación naranja para alimentar el debate tanto en los parlamentos autonómicos como en el Congreso de los Diputados, que mañana votará una moción en contra de que el Gobierno indulte a los líderes separatistas, en caso de que sean condenados en firme por su papel en el proceso separatista. Horas antes de esta votación, el propio Sánchez tendrá que fijar posición en el Senado, donde el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, utilizará su interpelación al presidente para ahondar en este controvertido asunto.

A expensas de los argumentos que exponga el jefe del Ejecutivo, no se prevé que la citada moción salga adelante –como ya ocurrió con la ley de símbolos del PP que buscaba prohibir los lazos amarillos–, porque los partidos que avalaron la moción de censura harán valer su mayoría para evitarlo. Fuentes del PSOE confirman a LA RAZÓN que no apoyarán esta iniciativa de Ciudadanos para vetar los indultos a los líderes del «procés». Consideran los socialistas que se trata de una iniciativa electoralista y extemporánea, «porque exige un pronunciamiento antes de que se les juzgue y se dilucide si se les condena o no». La posición que mantendrá el PSOE en el Congreso de los Diputados mantendrá la línea que ya marcó el partido en la Asamblea de Madrid, donde se opuso al veto promovido por Ciudadanos votando «no» hasta en tres ocasiones. El Gobierno sigue haciendo equilibrios en este asunto, manteniendo viva la expectativa de que los partidos independentistas puedan apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin escatimar en gestos, mientras los dirigentes territoriales del partido miran de reojo cualquier movimiento que pueda perjudicar sus expectativas electorales. Especialmente en Andalucía, ante la inminencia de sus comicios.

Para sostener su difícil postura los socialistas argumentan que el indulto es una figura constitucional, cuya modificación requeriría una compleja reforma, y acusan a Ciudadanos de intentar entrometerse en la acción del Poder Judicial con este tipo de iniciativas. En este punto, y para cuestionar el verdadero interés que persigue la moción de Rivera, recuerdan que Cs no ha registrado una enmienda en este sentido a la reforma de la Ley de Indultos de 1870 que se está tramitando en el Congreso para no conceder este perdón a los penados por corrupción o por violencia machista. Sí lo ha hecho el PP que ha propuesto que se aproveche este foro para prohibir los que afectan a los delitos de rebelión y sedición, aunque el PSOE ha retrasado sistemáticamente los trabajos de la comisión pidiendo ahora una ronda de comparecencias.

El asunto de los indultos crea cierto malestar en el Ejecutivo, que rehúye dar una respuesta contundente. Fuentes de Moncloa aseguran que en el estado actual del procedimiento judicial sería «improcedente» hacerlo y defienden que con la ley en la mano es una herramienta perfectamente legal. «Usted da por sentadas muchas cosas que todavía no han ocurrido. La vigencia del indulto data de 1870. El primer artículo de esa ley señala que cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado. No establece las excepciones que ustedes piden», señaló la ministra de Justicia, Dolores Delgado la semana pasada en el Congreso sin despejar qué hará finalmente el Gobierno.

No obstante, la posibilidad de recurrir a los indultos no es una novedad. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta ya la incluyó en su programa para las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre. Una propuesta que, posteriormente, reconoció que había perjudicado al PSC, así como los pactos con ERC en algunos ayuntamientos. Más recientemente, en el mes de septiembre, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, volvía a rescatar esta opción en una entrevista. «Si se pide el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir», declaró. Tras el revuelo que crearon sus palabras tuvo que puntualizar que se trataba de una idea «prematura» ya que «hablar de futuribles no ayuda a solventar los problemas actuales». En todo caso, para que el indulto opere, además de una sentencia firme, se requiere la petición expresa del condenado y por el momento Oriol Junqueras ya ha rechazado que vaya a solicitarlo y los partidos soberanistas solo contemplan la «absolución».