El PSOE quiere blindar en la Constitución las competencias exclusivas de las autonomías

España seguirá siendo España; ninguna Comunidad Autónoma será nación; no habrá asimetrías ni privilegios, ni competencias para consulta territoriales, sino una «inequívoca voluntad igualitaria» que rechaza cualquier trato desigual. Son las líneas generales de la enésima propuesta de revisión del modelo de Estado que Alfredo Pérez Rubalcaba ha trasladado a los barones del PSOE para su aprobación el Consejo Territorial del próximo 7 de julio. El texto se plantea como un modelo federalizante «cooperativo y pluralista», pero huye de las ínfulas del federalismo maximalista del PSC, salvo en lo que respecta a la sustitución del Senado por una Cámara territorial y los mecanismo de cooperación. Plantea eso sí una ambiciosa revisión de la Constitución de 1978 para que las comunidades tengan competencias «exclusivas», para que el reparto de los ingresos tributarios entre Autonomías y Gobierno central lo fije la Carta Magna o se añadan hechos diferenciales recogidos por las Estatutos ya vigentes o los que la práctica política ha venido estableciendo –como el caso de Andalucía, única comunidad que accesió a la autonomía por el artículo 151.1 de nuestra ley de leyes–. Estas son algunas de las propuestas de la reforma del modelo autonómico que se proponen:

- Incorporar el nombre de las unidades territoriales

La Constitución, dice el documento elaborado por el PSOE, debe recoger las unidades territoriales que debe seguir con idéntica definición, esto es comunidad autónoma. La enumeración de las mismas en la Carta Magna debe responder al criterio cronológico de su formación. «Todos somos partidarios de mantener el actual mapa autonómico sin alterar ninguna delimitación geográfica».

- Competencias «exclusivas» de las comunidades autónomas

Los socialistas apuestan por un reparto claro de competencias entre el Estado y las comunidades en el marco de la Constitución y para ello proponen incluir un sólo listado con las competencias exclusivas del primero teniendo en cuenta lo establecido ya en los Estatutos de Autonomía de segunda generación (los aprobados entre 2006 y 2011). Del mismo modo, porponen que las CC.AA. dispongan de competencias «exclusivas» y reducir en consecuencias las compartidas. Todo ello lograría el cierre del sistema y la inestibilidad competnecia, por lo que suprimiría el artículo 150.2 (que prevé transferencia o delegación).

-Reconocimiento de nuevos hechos diferenciales

A los hechos diferenciales hoy reconocidos en la Constitución, el PSOE propone añadir algunos otros que «bien la práctica política, bien los Estatutos han venido estableciendo». Entre los primeros destaca el caso de Andalucía que accedió a la autonomía por el procedimiento agravado del artículo 151.1. Entre los segundos, los derechos históricos que el Estatuto de Cataluña recoge en su artículo 5 o las especificidades del derecho civil atribuidas a diferentes comunidades en sus respectivos Estatutos.

- Evitar la competencia fiscal desleal entre territorios

«La Constitución debería precisar las competencias normativas y de gestión que tienen las comunidades autónomas sobre los impuestos, así como el modo de reparto de la recaudación entre éstas y el Estado, e incluir paa aquellas el doble listado de impuestos hoy cedido total y parcialmente a las comunidades, consagrándose el carácter exclusivamente federal del Impuesto sobre Sociedades», se añade. La propuesta, que defiende la necesidad de llevar a la Carta Magna el modelo de financiación autonómica, plantea también la homogenización de los tributos de sucesiones y donaciones para evitar competencia a la baja entre los territorios y su «progresiva desfiscalización». La capacidad normativa del IRPF y el Patrimonio –que el PSOE propone incluir en un mismo impuesto– corresponderá en exclusiva al Estado para evitar «la competencia fiscal desleal y preservar la equidad personal y territorial en la distribución de la recaudación».

- Fondo de solidaridad autonómico

Los socialistas son partidarios de crear un fondo de solidaridad autonómico en el marco de la financiación, que sea llamado así expresamente y que esté integrado en los actuales Fondos de Compensación y de Cooperación para que quede más claro el mecanismo de contribución interterritorial. La Constitución debería además prefigurar el modo en que van a operar los mecanismo de nivelación financiera para asegurar los derechos sociales básicos para todos los españoles y para hacer posible el principio de equidad fiscal horizontal en todo el sistema. La garantía de nivelación debe estar vinculada a un concepto de «esfuerzo fiscal similar», entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales.

- Principios federales de lealtad y cooperación

La cultura de colaboración intergubernamental debe ser corregida con la regulación consitucional de los principios de lealtad federal, que «supone el respeto a los intereses generales y a los tutelados en cada nivel de gobierno», pero también conlleva la «obligatoriedad de colaborar, prestar auxilio y asistencia cuando fuera requerido en el ejercicio de las propias competencias». Esto es lo que en el constitucionalismo alemán se llama «comportamiento federal amistoso» o «lealtad federal». El marco común de relaciones intergubernamentales no es incompatible con el reconicimiento de una relación bilateral, siempre sometida al marco multilateral.

l Las comunidades podrán agrupar municipios

En el marco de la reducción del entramado administrativo y para evitar dulicidades, el PSOE propone que todas las comunidades hagan una revisión de sus órganos institucionales y entidades públicas para racionalizar al máximo el sector público. Y lo mismo plantea para la Administración Central del Estado en sus estructurales centrales y territoriales. Además aboga por que las regiones dispongan de competencias propias para la organización administrativa de sus territorios.

- Primero sentencia del TC; después, los referéndum

Para evitar el choque de legitimidades que se produjo tras la sentencia del TC sobre el Estatut, el PSOE propone que primero falle el Alto Tribunal en un plazo de seis meses desde la presentación del recurso que se pueda plantear en los tres meses siguientes a probación del texto en las Cortes Generales, y una vez dictada la sentencia y corregido el Estatuto, se someta éste a referéndum.