El PSOE tumbó en 2007 propuestas del PP para limitar las donaciones

Los socialistas aprovecharon el Congreso de la formación en el País Vasco, celebrado el pasado fin de semana, para proponer varias medidas contra la corrupción, entre las que se incluye la prohibición de las donaciones de personas jurídicas a partidos, ya que entienden que ésta «eliminaría las sospechas de connivencia y dejaría, negro sobre blanco, los ingresos y, por ello, permitiría deducir que todo gasto que exceda de la financiación pública o individual acreditadas responde a financiación ilegal».

Obviaron, sin embargo, que el Grupo Popular en el Congreso ya defendió planteamientos en esta línea durante la tramitación de la Ley Ogánica de Financiación de los Partidos Políticos de 2007 –en la que se prohibieron las donaciones anónimas– y se topó con el rechazo de la bancada socialista y sus compañeros de viaje. En el catálogo de enmiendas al texto presentadas por los populares figuraba la prohibición de que los partidos recibiesen donaciones de personas físicas o jurídicas dedicadas a la promoción o construcción de viviendas. «La corrupción anida en el ámbito del urbanismo. Esta prohibición impedirá que nadie se escude en el partido político para recabar fondos manifiestamente ilegales a cambio de licencias, recalificaciones y cualquier otra actuación», explicaba el PP.

Esta enmienda fue rechazada, igual que el resto de las modificaciones que propusieron. Entre ellas, se encontraba la idea de que los partidos no debían tener intereses, es decir, acciones o participaciones en sociedades mercantiles ajenas a su actividad. También aparecía la supresión de algunos privilegios fiscales respecto a las actividades mercantiles de las formaciones políticas, como «exigencia del principio de igualdad y libre competencia». En concreto, se quería acabar con beneficios como la aplicación de un impuesto de sociedades de un tipo reducido del 25 por ciento o la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la tenencia de locales. Asimismo, el PP defendió la necesidad de que las organizaciones locales rindiesen cuentas al Tribunal de Cuentas, al igual que se iba a exigir a las estructuras nacionales y autonómicas de las formaciones. Además, apostó por prohibir toda condonación de las deudas con las entidades financieras. «Los partidos deben ser austeros y no vivir por encima de sus posibilidades. Igual que cualquier persona física o jurídica. Las condonaciones vienen a ser donaciones exorbitantes», subrayaba la formación. Esta enmienda fue rechazada entonces, pero se incluyó en la reforma de la ley de 2012.

Junto a estos planteamientos, también aparecía una reivindicación de la limitación de las subvenciones públicas a los partidos ilegalizados –introducida en 2003–, así como enmiendas al texto relativas a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos. Por ejemplo, se proponía la auditoría de sus cuentas, su fiscalización por la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas y, lo que resultaba clave, la prohibición de donaciones anónimas y la sujeción de sus donativos a los mismos límites que los partidos.

Antes de que todas estas ideas fuesen descartadas por el Pleno del Congreso, el diputado navarro Jaime Ignacio del Burgo denunció los «escándalos» de la ley que que se estaba tramitando en una intervención del 10 de mayo de 2007. Al final, los resumió en uno: «La voluntad de cuantos se han sumado a este espurio consenso para asegurar su interés particular y tapar vergüenzas inconfesables en contra del interés general».

«Deficiencias» en contratos de la primera legislatura socialista

«Un elevado número de deficiencias e irregularidades» es lo que ha encontrado el Tribunal de Cuentas, cinco años después, en los contratos de publicidad y propaganda de los ministerios económicos en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, las irregularidades encontradas entre 2005 y 2007 y recogidas en un informe remitido a las Cortes se resumen en que no hay planes de medios ni detalle alguno en los que se realiza la difusión, tampoco existen certificados de emisión ni comprobantes de su inclusión en medios de comunicación escritos, informa Ep. Además, el dictamen desvela «deficiencias que afectan a numerosos contratos», incluida una insuficiente justificación del objeto del contrato, una inadecuada concreción del objeto y unos pliegos de cláusulas particulares de los contratos que no detallan ni las obligaciones del contratista ni el importe máximo de licitación.