El puzle de Teyco que llevó a Andreu Viloca a la cárcel

Un auténtico puzle diabólico. Los especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil se enfrentaban a la labor de reconstruir varios folios que habían sido pasados por una trituradora de papel existente en el despacho del hoy encarcelado y gerente-tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Andreu Viloca.

Durante el registro que los agentes de la Benemérita realizaron de dicho despacho observaron en una papelera colocada debajo de la citada trituradora un montón de tiras de papel en las que, tras mirar con detenimiento, leyeron el nombre de la empresa Teyco. Esta entidad, perteneciente a la familia Sumarroca, es la que ha dado origen a las investigaciones por la Guardia Civil de toda la trama del tres por ciento.

Los Sumarroca han mantenido estrechos lazos con CDC desde 1978, cuando el «patriarca» de la familia –Carles Sumarroca Coixet– fundó el partido con el ex presidente Jordi Pujol. Con importantes intereses en obras públicas y el sector sanitario, existía desde siempre la sospecha de un trato de favor de las instituciones gobernadas por CDC.

En julio de este año, la Guardia Civil detuvo a tres miembros de la familia Sumarroca, accionista de las constructoras Teyco y Comsa-Emte, por el pago de 1,43 millones de euros a Daniel Masagué, exalcalde de CiU de Torredembarra (Tarragonés). Se trataba de determinar si los pagos, hechos a través de siete sociedades controladas por los Sumarroca, correspondían a comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública.

De ahí el interés de la Guardia Civil por conocer el contenido de un documento que, sin lugar a dudas, tenía que ver con Teyco.

En el Laboratorio de Criminalística de la Benemérita no tienen ninguna máquina que, como en las películas, recomponga los documentos destrozados en cuestión de segundos.

Por el contrario, se trata de una labor que consiste en determinar a qué folio corresponde cada tira e irlas agrupando en montoncitos. Después, hay que rehacer el puzle maldito, que, como en otras tantas ocasiones, se logró. Reconstruidos los documentos, se pusieron a disposición de la autoridad judicial y de los investigadores.

El contenido del documento permanece secreto pero se supone que irá en la línea de otros encontrados en dependencias de las empresas de los Sumarroca y que, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, confirman el pago de comisiones a cambio de adjudicación de obras.

Las derivas que pueda tomar la investigación están por determinarse y se orientarán en función de la documentación y tomas de declaración que ha realizado la Guardia Civil.

De todo el material disponible sólo se ha examinado el 25 por ciento, por lo que no se pueden descartar sorpresas aunque no nuevas detenciones a corto plazo, salvo que surgiera sobre la marcha un asunto que hiciera necesario adoptar una medida de este tipo.

La «trama» que investiga la Guardia Civil parece, en principio, ajena a la que supuestamente organizó la familia Pujol, con el ex president a la cabeza y su hijo Jordi «Junior» como gran mentor.

Es verdad que lo que se pedía eran también comisiones para supuestamente financiar CDC, pero en el caso de los Pujol existe una serie de indicios de que el enriquecimiento personal era otro de los objetivos que se perseguían de una manera tenaz.

Un agente conocedor de las investigaciones subraya que lo que ha ocurrido con las donaciones a Catdem, que, finalmente, terminaban en CDC, a cambio de la adjudicación de las obras que entregaban el dinero supuestamente de forma «legal, es así de sencillo; sin que, al menos de momento, hayan aparecido paraísos fiscales ni extraños viajes a Andorra en automóviles de gran cilindrada. La «trama» parecía una maquinaria perfecta hasta que llegó el día fatal para sus urdidores.

La misma fuente subraya que cualquier denuncia que se presenta a la Guardia Civil no se guarda en el cajón del olvido, sino que se trabaja en ella con el fin de esclarecer lo que ha ocurrido. Es el caso que nos ocupa. La denuncia fue presentada en 2013 por una concejal de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en Torredembarra, a raíz de un crédito que quería pedir el Ayuntamiento, gobernado por CDC. Le faltaba un voto y, pese a las presiones recibidas, la edil no cedió pese a que un empresario le llegó a ofrecer 12.000 euros por su voto.

De aquel hilo se fue tirando hasta llegar a las empresas de los Sumarroca y el hallazgo, en uno de los registros, de un documento que ponía de relieve el pago de un tres por ciento a través de Catdem a cambio de la concesión de una obra.

Es por ello que, ante el cariz que toman los acontecimientos para los nacionalistas, sean muchas las personas que se estén pensando en estos momentos ofrecer su colaboración con la Justicia, con el fin de esclarecer uno de los mayores escándalos que ha conocido nuestra democracia.