Caso ERE
El regreso de Alaya: siete encarcelados en tres días y 24 horas de interrogatorios
Un implicado: «Pregunte a los sindicatos y a los señores de Andalucía»
Siete de los implicados en la trama «fraudulenta» de los ERE en Andalucía han ingresado en la cárcel en 72 horas, desde que arrancó el miércoles la «operación Heracles». En este tiempo han comparecido ocho de los 22 detenidos, así como otros imputados como Juan José Trujillo, el ex chófer de Guerrero. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tras 24 horas ininterrumpidas de interrogatorios, decretó ayer el ingreso en prisión provisional de los ex directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué; y de Ismael Sierra, cuñado del «conseguidor» de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, también en la cárcel desde el viernes, al igual que el ex director general de Trabajo y Antonio Albarracín, ex directivo de Vitalia. Poco antes de las 16:00 horas de ayer –la juez retomó las declaraciones sobre la misma hora del viernes–, la magistrada comunicó el auto de prisión a los detenidos. Según indicaron fuentes del caso, el cuñado de Lanzas podrá eludir la privación de libertad con una fianza de 50.000 euros. En las mismas circunstancias se encuentra Eduardo Leal del Real, presunto testaferro de las «empresas pantalla» utilizadas, presuntamente, para limpiar el dinero procedente de las sobrecomisiones de las prejubilaciones de la Junta de Andalucía. Los últimos cuatro encarcelados ratificaron ante Alaya su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El ex coordinador de Vitalia Eduardo Pascual acabó de declarar a las 9:00 horas y apostilló una serie de cuestiones ante Alaya. «Si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía», recalcó a la juez.
Pascual defendió que su patrimonio no ha crecido en los últimos años y señaló que hasta 2005 el 66% del volumen de negocio de Vitalia en España procedía de Andalucía pero desde ese año «se invirtió la tendencia» y el porcentaje bajó al 34%. Alaya imputa a Pascual y Vaqué, que fue directora general y administradora de Vitalia, los cargos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. El abogado de Pascual, José María Calero, anunció que recurrirá la prisión y «estudiarán si ha existido un exceso en el tiempo de detención», al considerar que se han superado las 72 horas de detención previstas por la Ley. El letrado de Ismael Sierra, José Luis León, confirmó que sus cargos son falsedad documental, malversación, asociación ilícita y un delito contra la Hacienda Pública y dudó que su cliente pueda reunir la fianza. Por otro lado, ha quedado en libertad sin fianza el presunto testaferro Juan Francisco Algarrín, en la cárcel desde el 15 de enero. Durante la sesión del viernes, la magistrada dejó en libertad con cargos a María José Marcos Férriz, esposa del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín; a José González Torrente, hijo del administrador único de Uniter; a Roses Masa Dalmau, administradora de Fortia; a Gregorio Martínez Piñero, conocido como «Goyo», amigo de Guerrero y presunto «camello», según el ex chófer, del ex director general de Trabajo y a quien éste enchufó en Vitalia como comercial; a Patrocinio Sierra García, esposa del ex sindicalista Juan Lanzas; y al ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo. Este lunes está previsto que testifiquen el abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y el que fuera administrador de Uniter, la aseguradora que hacía los grandes ERE, José González Mata. La trama suma ya 82 imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía (entre ellos el ex consejero Antonio Fernández, que ya estuvo en prisión), mediadores e «intrusos» de los ERE. Según de desprende de los últimos autos, la magistrada continuará la investigación por elevación.
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