El síndrome del jueves

El PSOE pospone los reales decretos más polémicos para no exhibir, de nuevo, la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno.

El Congreso amenaza con convertirse en esa piedra en el camino del Gobierno con la que tropieza una y otra vez. Uno de los factores que más está debilitando la acción del Ejecutivo durante estos escasos 100 días de gestión es la falta de estabilidad en la Cámara Baja. Tras serios varapalos como el del rechazo del techo de gasto, la renovación de RTVE o la tramitación por vía de urgencia de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gabinete de Pedro Sánchez tiene que empezar a convalidar en el Congreso los reales decretos que ha ido aprobando en Consejo de Ministros desde que llegara a La Moncloa. A priori la actitud de la oposición no es muy proclive a facilitar la senda que tiene que transitar el Ejecutivo, pues consideran que el Gobierno está abusando de este mecanismo legislativo, reservado para cuestiones de suma excepcionalidad.

Con el fin de sortear un nuevo portazo y visibilizar la suma debilidad parlamentaria que acarrea estar en el Gobierno con sólo 84 diputados, el Ejecutivo ha evitado –en una primera terna– llevar a la Cámara Baja, para su convalidación, los reales decretos más polémicos y se ha orientado en los que generan más consenso y van más ajustados de plazo. Se trata de los decretos ley para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, la oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, y el cambio legal para garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Todos ellos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 27 de julio, por lo que estarían a punto de cumplir los 30 días de plazo que deben mediar entre su aprobación por el Gobierno y la convalidación en el Congreso.

Se deja, por tanto, para más adelante otros decretos que, el Gobierno es consciente, generan más controversia entre los partidos de la oposición. El caso más llamativo es el de medidas urgentes para la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia machista. La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, aseguró la semana pasada en su comparecencia en el Congreso que sí iría este jueves al Pleno, pero se ha optado por no incluirlo debido a las dudas que genera entre partidos como el PP y Ciudadanos que lo cuestionan abiertamente y lo califican de «inconstitucional». La Junta de Portavoces de este martes optó por dejarlo para más adelante, presumiblemente para el jueves de la próxima semana, al igual que el relativo al Programa de Activación para el Empleo. También ha quedado pendiente de fecha el decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica con el fin de posibilitar la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos