El SMS de Puigdemont al Gobierno que no logró frenar el 155

Rajoy y Santamaría pactaron el alcance político de la intervención a la Generalitat al margen del resto de ministros y la ex vicepresidenta dirigió también la negociación con PSOE y Cs. Tan sólo Catalá estaba informado, pero únicamente de las cuestiones técnicas y jurídicas.

El Consejo de Ministros se reunió el 21 de octubre del año pasado para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el fin de restaurar el orden constitucional y la legalidad en Cataluña. El 27 de octubre, casi a la misma hora que el Senado activaba la intervención de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI). En el Palacio de la Moncloa, seis días antes los ministros tomaron asiento sin saber prácticamente nada del contenido del acuerdo que les iba a presentar el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Fue un trámite fácil, tomaron la palabra Rajoy y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para explicar el alcance político de la propuesta que se iba a trasladar a la Cámara Alta. Y los demás miembros del Gabinete se limitaron a bendecir la decisión, a decir amén, sin debate ni deliberaciones. Nadie colocó ni una coma al contenido de lo que les presentó la vicepresidenta.

Cuando hoy se pide que se recuerde aquella reunión histórica, porque implicó poner en práctica una solución extrema e inédita en la democracia, hay coincidencia entre quienes participaron en ella en señalar la «normalidad» con la que, sin embargo, se desarrolló aquel Consejo de Ministros. Hasta en esto Rajoy imprimió su carácter y su particular manera de manejar los tiempos y la toma de decisiones. Y aunque dentro del Gobierno sí había debate sobre el alcance y el momento, cuando llegó la hora de pronunciarse sólo hubo voces secundando la hoja de ruta marcada por Rajoy. Nadie precisó nada ni trasladó dudas sobre el alcance de la intervención de Cataluña o sobre que se hubiera quedado fuera, por ejemplo, la intervención de TV3. Rajoy les informó de que iba a convocar elecciones con rapidez en Cataluña y a destituir a todos los miembros de la Generalitat. Y lo más que escuchó fue a alguno de sus ministros sentenciar que efectivamente había llegado el momento de actuar. Fue un Consejo de Ministros tranquilo. Tomó también la palabra Sáenz de Santamaría para entrar en los detalles del acuerdo, ya que este asunto, como en la mayoría de las decisiones trascendentales adoptadas por el Gobierno de Rajoy, pasaron por sus manos y por las del jefe del Ejecutivo. En esa «falta de equipo» es en lo que justifican todavía hoy miembros del último Gabinete de Rajoy la guerra interna que le plantearon a la «número dos» del Gobierno. Ella fue también la que pilotó la negociación política con el PSOE y con Ciudadanos. Junto con Rajoy. La parte jurídica implicó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, pero sólo para las cuestiones técnicas relacionadas con la Abogacía del Estado. Y esa negociación política estuvo marcada por la discusión sobre el alcance de la intervención que aprobaría el Senado con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos. Rajoy trasladaba aquellos días a todos los que estaban cerca que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera frenaban la activación del 155, pero que lo importante era preservar el consenso por encima de todo aunque en el camino se quedara una intervención más dura de la Generalitat. La realidad es que el presidente del Gobierno rechazaba ir por la vía del 155 salvo que la situación fuera extrema y no quedara otra alternativa, y hasta ese momento apuró los plazos.

En paralelo, el caos de aquellos días en el ámbito independentista influyó en que fallara una parte de la información que llegaba al Gobierno. Como también falló la información que manejó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que sirvió para que Rajoy comprometiese su palabra ante sus ministros respecto a que no iba a haber urnas para que se votase en el referéndum ilegal.

Las horas previas a que el Parlamento de Cataluña aprobase la declaración unilateral de independencia fueron de tal desconcierto que llegaron a darse situaciones tan absurdas como que el ministro de Justicia de entonces recibiera la llamada de un consejero de la Generalitat que le preguntó si realmente iban en serio y si podrían de verdad terminar en la cárcel. Puede parecer increíble, pero es una situación que cuadra con el hecho de que los líderes independentistas nunca pensaron que el Estado de Derecho iba a llegar hasta dónde llegó, minusvaloraron el alcance de su respuesta y esto da sentido a la conversación que le planteó el consejero de Puigdemont al representante del Gobierno de España en los momentos ya críticos de la ruptura unilateral.

Desde que en septiembre Rajoy dejó al independentismo la advertencia de que «nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar», en la «cocina» de Moncloa empezaron a preparar escenarios para el caso de que siguieran adelante en la intención de materializar la declaración de independencia. Pero la decisión de recurrir al 155 de la Constitución no se adoptó hasta que el independentismo dejó claro que el camino elegido, sin alternativa, era ése. Y es que hasta el último momento en Madrid quisieron creer las informaciones que apuntaban a que Puigdemont no se atrevería a llegar tan lejos. Un juego de gato y ratón, que estalló por los aires en septiembre cuando la interlocución se hizo imposible «por el comportamiento y los hechos consumados» de la parte secesionista. La última reunión de la vicepresidenta con Junqueras había sido en enero de 2017, y ya entonces de lo único que quiso hablar el líder de ERC fue del referéndum.

Había vías abiertas con Puigdemont y con Junqueras, pero todas se cerraron cuando en la mesa sólo quedó la convocatoria del referéndum. Cuentan los protagonistas que hasta el último momento hubo algunos intentos políticos y empresariales de mediación, pero que todos recibieron por parte de Rajoy la misma respuesta, la de que el Gobierno no tenía nada que negociar ni hablar cuando en el otro lado de la mesa sólo tenían la opción del referéndum. El líder del PNV, Íñigo Urkullu, se apoyó también en empresarios, pero Moncloa desconfió de los intereses que había detrás. Hasta entonces, bajo cuerda desde Madrid sí había intentado utilizar distintos caminos para ofrecer salidas, pero ninguna cuajó. La última comunicación del Ejecutivo central con la Generalitat fue un mensaje de Puigdemont al entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en el que en pleno debate sobre si convocaba o no elecciones antes de llevar al Parlament la declaración de independencia, condicionaba su retirada a la expulsión de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Cataluña, la anulación del artículo 155 y la salida de los presos a la calle. La juez de la AN envió el 16 de octubre a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Omnium. La magistrada les había imputado un delito de sedición por supuestamente dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre para impedir, sin lograrlo, que se llevara a cabo una operación contra la organización del 1 de octubre. Las cartas estaban ya echadas para que Puigdemont ejecutase su sueño de pasar a la historia por la declaración de independencia de Cataluña. Sin plan para el día después.