La macrocausa del «procés» allana la libertad del ex Govern y «los Jordis»

El TS asume la investigación, pero deja en manos de la Audiencia la causa contra Trapero.

El Tribunal Supremo (TS) asumirá, en contra del criterio de la Fiscalía, la investigación al ex Govern y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», por el desafío independentista, pero dejará en manos de la Audiencia Nacional la causa contra el que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y su intendente Teresa Laplana. El cambio de instructor allana el camino a los ocho ex consellers en la cárcel y a «los Jordis», también en prisión, en su empeño por recuperar la libertad antes del comienzo de la campaña electoral del 21-D el próximo 5 de diciembre. Una vez el magistrado Pablo Llarena se haga cargo de toda la instrucción, el asidero procesal de los investigados para intentar salir de prisión es la «vía Forcadell», que el pasado 10 de noviembre pudo abandonar la cárcel, tras un paso fugaz, gracias a la fianza de 150.000 euros que le impuso el instructor después de que asumiera el artículo 155 y se comprometiera a acatar la legalidad en su actividad política.

Llarena ve necesario que se unifique «en un solo proceso el esclarecimiento de la eventual responsabilidad de los investigados» al margen de lo que suceda el 21-D con los aforados (la inclusión en las listas del antiguo Ejecutivo de Puigdemont les haría recuperar esa condición, lo que en todo caso acarrearía que la investigación de la Audiencia respecto a ellos hubiese pasado más adelante al TS). Con esta decisión, la instrucción abarcará a 22 investigados: los ocho ex consellers en prisión, con Oriol Junqueras a la cabeza; Puigdemont y los otros cuatro ex miembros de su Ejecutivo huidos a Bélgica; Forcadell y los cinco ex miembros de la Mesa del Parlament que ya estaban siendo investigados en el Supremo; los líderes soberanistas Cuixart y Sánchez y el ex conseller Santi Vila, en libertad bajo fianza gracias a su dimisión horas antes de la aprobación de la DUI.

En un auto notificado ayer, el magistrado deja claro que «la obligación de la instrucción conjunta persiste por más que cambien los copartícipes que cuentan con aforamiento y los que carecen de él». Aunque Forcadell y el resto de ex miembros de la Mesa investigados hasta ahora en el Supremo perdiesen tras el 1-D su condición de aforados –añade–, la instrucción por separado supondría que los investigados en ambos procedimientos permanecerían ajenos a la instrucción llevada a cabo «en el proceso paralelo».

Sin embargo, Llarena limita esa acumulación a los supuestos en los que se aprecia «una conexión material inescindible» con los aforados del resto de personas investigadas. Y con este criterio, recalca, aunque «sólo la intervención coordinada» de los miembros del Govern, de la Mesa del Parlament y de «los Jordis» puede reunir las características que exige la comisión del delito de rebelión, «esa misma e indisoluble fusión» no se da respecto a Trapero y su intendente. «Su participación, por relevante que sea» –añade– «no compromete» la investigación y el posible enjuiciamiento de las conductas imputadas al resto de investigados. Al margen de que, matiza, sea necesario «revisar la decisión en un futuro».

El magistrado del Supremo constata que los hechos objeto de la querella por rebelión, sedición y malversación que presentó el fallecido fiscal general del Estado ante la Audiencia Nacional contra el ex Govern son «plenamente coincidentes» con los que él investiga. Para Llarena, el elemento decisivo para acumular ambos procedimientos es que «no pueda alcanzarse un pronunciamiento sobre el objeto del proceso si no se analizan íntegramente las actuaciones desarrolladas» por los investigados «y el cuadro de intenciones que les inspiraba».