El Supremo condena a 299 años a los etarras que atentaron contra la comisaria de Ondarroa

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas por un total de 299 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a cada uno de los etarras Ibón Iparraguirre y Asier Badiola, quienes atentaron con coche bomba contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Vizcaya) en 2008, hiriendo a 18 personas.

La explosión, provocada el 21 de septiembre de 2008, causó graves daños y heridas de consideración a trece agentes y cinco civiles.

El Supremo confirma la condena impuesta por la Audiencia Nacional y rechaza los argumentos de la defensa de Badiola, quien recurrió porque, según él, no bastaba como prueba válida la declaración del coimputado, Iparraguirre, ante la Policía.

El Supremo considera que la Audiencia basó bien su decisión de considerar creíble aquella declaración, a la que se sumaron otros indicios.

El fallo ahora confirmado estuvo firmado por la sección segunda de la Audiencia, que condenó a cada uno de los dos terroristas citados a 221 años de cárcel por intentar asesinar a trece ertzainas, otros 60 años por intentar matar a los civiles, así como a 18 años por un delito de estragos terroristas, ya que el atentado causó daños a 85 vehículos y 425 viviendas de la localidad.

También les condenó como responsables civiles al pago de los desperfectos y a indemnizar a los agentes de la policía vasca en cantidades de entre 25.000 y 272.000 euros y a los cinco civiles con entre 6.000 y 50.000 euros.

Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2008, cuando, según la sentencia, los dos etarras, que habían recibido la orden de atacar la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa condujeron el coche bomba hacia la localidad elegida.

Badiola condujo el automóvil que actuó de lanzadera e Iparraguirre, por su parte, aparcó el coche bomba junto a la entrada de la comisaría y activó el sistema de iniciación del artefacto. Además, lanzó dos cócteles molotov, que llevaba preparados, contra la calzada, para evitar que pasaran automóviles.

La sentencia narra que el coche bomba estalló a las cuatro y media de la madrugada del 21 de septiembre produciendo un cráter en la calzada de tres metros de radio y 20 centímetros de profundidad.

La bomba ocasionó grandes daños en la fachada, estructura e interior de la comisaría tasados en más de un millón y medio de euros, en numerosos vehículos por valor de 309.000 euros y en los edificios cercanos por casi tres millones.