El abogado de Llarena logra aplazar la vista hasta el 25 de septiembre

Comienza un proceso entre Bélgica y España que podría durar un año.

La guerra sólo acaba de comenzar. La vista por la denuncia presentada en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sido aplazada hasta el día 25 de septiembre por petición de la defensa. La contratación por parte de España del bufete de abogados Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick se produjo el jueves después de que el Gobierno decidiera rectificar en su postulado inicial de que se trataba de un asunto privado. Ante la premura de los plazos, el letrado Hakim Boularbah ha pedido estas tres semanas de receso para realizar los trámites administrativos necesarios que le permitan no sólo representar al juez Llarena como ciudadano sino también erigirse en representación del Estado español ante la justicia belga. El camino que se presenta es largo y la batalla incluso podría prolongarse durante un año, según reconocen fuentes judiciales. Esta dilación de los plazos favorece a los intereses de los demandantes que pretenden poner en la picota la supuesta falta de independencia de la justicia española en medio del proceso contra los autores del 1-O.

«Hoy era una audiencia procedimental. Se había instalado la idea de que hoy iba a haber una decisión sobre el fondo del tema. Eso no es así y no va a ser así en mucho tiempo», aseguró el abogado Gonzalo Boye, que representa a Carles Puigdemont. Las autoridades españolas esperan que no sea necesario juzgar el fondo de la cuestión y que la demanda sea archivada. La audiencia de ayer duró tan sólo unos minutos y Boularbah fue el único en intervenir en la sala en la que estaban presentes los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig junto a sus abogados; el ex president Carles Puigdemont decidió no acudir a esta cita. Al término de la sesión, Boularbah desveló a los medios de comunicación la línea central de su defensa: «He solicitado que se pospusiera el caso para permitir al Reino de España intervenir para defender la inmunidad de su jurisdicción y la del juez Llarena». Una posición que contrasta con la defendida por los letrados de Puigdemont, que aseguran haber estudiado jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que avala la potestad de la justicia belga para dirimir esta demanda.

Independientemente del fallo, todo indica que éste tardará en llegar. El día 25 tan sólo será un nuevo alto en el camino que servirá para que la justicia belga admita la personación de Boularbah como representante del Estado.

A partir de ahí, se fijará un nuevo calendario para establecer el plazo de presentación de las conclusiones escritas antes de que se proceda a la convocatoria de una nueva vista oral entre las partes. No se sabe si la justicia belga admitirá a trámite la querella y, si es así, cuándo se analizará el fondo del asunto. Por el momento, la audiencia de hoy se ha centrado en el procedimiento. Boularbah ha pedido un tribunal de tres jueces en vez de, como es habitual, el veredicto de un solo magistrado. La defensa de Carles Puigdemont y el resto de exconsellers no se ha opuesto a esta solicitud.

El pasado cinco de junio, Puigdemont y sus ex consellers fugados a Bélgica anunciaron una demanda civil contra el magistrado –simbólica, piden tan sólo un euro de indemnización– al considerar que unas declaraciones de éste ante los medios de comunicación en Oviedo le imposibilitaban para emitir un veredicto justo. En las alegaciones presentadas ante la justicia belga, los letrados de Puigdemont introdujeron una traducción falsa de las declaraciones del juez (se presentaba una frase afirmativa en vez de condicional, tal como fue originalmente pronunciada). Ayer los letrados de Puigdemont quisieron quitar hierro al asunto y confirmaron que una traducción jurada correcta había sido puesta a disposición de la justicia belga.

Dentro de las anécdotas del día, un funcionario belga tuvo que retirar una decena de lazos amarillos en apoyo de los «políticos presos». Boularbah es un reconocido abogado en Bélgica: atesora una larga experiencia en demandas colectivas, la ejecución de sentencias de otros países y la obtención de medidas provisionales. CEPANI, el Centro Belga para la mediación y el arbitraje le define como «uno de los más reconocidos expertos» en arbitraje del país, sobre todo en disputas entre Estados. Los propios abogados belgas de Puigdemont reconocen su valía.