El tribunal que negó la videoconferencia a Rajoy la permite a un exalcalde del PSOE

Tres días después de rechazar que Mariano Rajoy declare como testigo por videoconferencia, como pretendía el presidente del Gobierno, el tribunal del «caso Gürtel» dio ayer el visto bueno a que el ex alcalde socialista de Estepona testifique por ese mismo sistema el próximo día 14 en localidad malacitana.

Tres días después de rechazar que Mariano Rajoy declare como testigo por videoconferencia, como pretendía el presidente del Gobierno, el tribunal del «caso Gürtel» dio ayer el visto bueno a que el ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Caba testifique por ese mismo sistema el próximo día 14 en los juzgados de la localidad malacitana. En este caso no habido discrepancias en la Sala –el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, votó en contra de que Rajoy tuviese que comparecer en persona en la vista oral–, que en otra providencia fechada ayer, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, también avaló que otro testigo, Javier Trujillo –funcionario del Palacio de Congresos municipal de Estepona– declare en idénticas condiciones (en su caso por motivos médicos) ese mismo día, también a las diez de la mañana y desde los juzgados de la localidad malagueña.

El tribunal del «caso Gürtel» –integrado además por los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego– tampoco puso objeción alguna el pasado 2 de marzo a que Francisco Javier González Valdés declarase como testigo cuatro días después desde los juzgados de la capital malacitana. González Valdés, ex gerente de la sociedad Servicios Municipales de Estepona entre 2000 y 2003, testificó finalmente por este medio el pasado día 6 de marzo y dijo desconocer la existencia de un viaje contratado con la empresa Pasadena Viajes, del supuesto líder de la trama corrupta Francisco Correa, por un importe de 1.058 euros.

Los dos testigos que declararán por videoconferencia en el juicio del «caso Gürtel» el próximo día 14 serán interrogados en relación a la «trama de Estepona» de la red corrupta por la que el ex concejal del PP en dicha localidad Ricardo Galeote se enfrenta a una petición de condena de once años y ocho meses de prisión por la adjudicación de contratos municipales a empresas de Correa (por un importe total de 7.484 euros) supuestamente a cambio de viajes. Galeote aseguró al tribunal el 29 de noviembre del pasado año que la decisión de contratar con Correa ahorró «cientos de miles de euros» al Ayuntamiento.

Fue precisamente la defensa de Galeote la que solicitó la declaración como testigo de Antonio Caba y la que pidió al tribunal que se le permitiese testificar por videoconferencia desde su localidad. El ex alcalde socialista de Estepona fue hace unos días protagonista de la actualidad judicial por un motivo bien distinto: el Tribunal Supremo absolvió a Caba el pasado abril del delito de blanqueo por el que fue condenado a 18 meses de prisión (el regidor abandonó su cargo en 2001 a raíz de la investigación judicial) al haberse vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

El tribunal del «caso Gürtel» rechazó los argumentos esgrimidos por Rajoy para no declarar en persona en el juicio (razones de seguridad, problemas de agenda y coste del desplazamiento por el dispositivo que acarrea su cargo) y concluyó que no se le ha citado como presidente del Gobierno, «sino como un ciudadano español». Para la Sala es un acto que se enmarca «en la normalidad» y las razones de Rajoy no son «consistentes» y no le impiden acudir en persona a la sala de vistas el próximo 26 de julio.

El presidente del tribunal se quejó del agravio comparativo respecto a Artur Mas, que declaró por videoconferencia en el juicio por el acoso al Parlament, e incluso en relación a un acusado del «caso herriko tabernas».

Otro testigo, por motivo médico

Las dos providencias dictadas ayer por el tribunal del «caso Gürtel» (en la imagen) avalan la declaración por videoconferencia tanto de Antonio Caba, a tenor de «las alegaciones efectuadas por dicho testigo», como de Javier Trujillo, que remitió a la Audiencia «informes médicos» para justificar la improcedencia de su desplazamiento a Madrid para testificar. Este mismo hecho se repitió en una providencia firmada el pasado 2 de marzo que autorizó la declaración como testigo por videoconferencia, cuatro días después, de Francisco Javier González Valdés.