Tribunales

Un empresario señalado por Aldama niega el cobro de mordidas, pero el TS le impide querellarse contra él

El alto tribunal frena la solicitud del dueño de Azvi, pero avisa de que no hay indicios sólidos que corroboren las confesiones de Aldama

Uno de los empresarios a los que Víctor de Aldama señaló por el presunto cobro de mordidas ha negado ante el Tribunal Supremo las acusaciones y ha solicitado, sin éxito, que le autorice a querellarse contra él. El alto tribunal ha desestimado la pretensión, al menos por el momento, ya que abrir una vía paralela en otro juzgado perjudicaría esta causa y las diligencias que en ella se acuerdan para corroborar lo confesado por el comisionista.

Ahora bien, tampoco valida por completo sus declaraciones. De hecho, sostiene que las acusaciones vertidas contra este grupo de empresarios, y más concretamente contra el dueño de Azvi, Manuel Contreras, no están contratadas. El magistrado Leopoldo Puente, en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, explica que estas acusaciones "son inhábiles para reputarse indicios sólidos". "Dicho de otra manera: tales hechos carecen en este momento de cualquier clase de elementos, ajenos a las simples manifestaciones del Sr. Aldama, que corroboren la posible realidad de las imputaciones", explica.

Pese a ello, no accede a la pretensión de Contreras de permitirle personarse en el procedimiento o de que pueda querellarse contra este empresario, que dijo que hubo adjudicaciones irregulares desde el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos a favor de empresas amigas de la trama. En respuesta a ello, este empresario se dirigió al Tribunal Supremo (donde se instruye la parte del caso Koldo que afecta al exministro) para negar que hubiera percibido dinero en 'b' y para explicar los que los 18.000 euros que ingresó a título particular en la cuenta de Pilot Club Natación Sevilla, S.A no respondía en ningún modo a comisiones.

Acusaciones "no contrastadas"

En su comparecencia del 16 de diciembre, Aldama expuso que medió para facilitar estas adjudicaciones de obra pública y que entregó mordidas de estos empresarios al entonces ministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, a cambio de que facilitarles el acceso a la Administración. En concreto dijo que habría percibido un porcentaje de comisión por obra osciló entre el 1 y el 1,5% y que parte de estas cuantías, según le dijo Koldo, fueron a parar al PSOE. En concreto, entre "3,5 o 4 millones".

Se trata de unas afirmaciones que han provocado la irrupción de estos empresarios y que el magistrado quiere investigar puesto que, al menos por el momento, no encuentran soporte que las sostenga. "Ciertamente, las mencionadas imputaciones que realizó al Sr. de Aldama respecto del Sr. Contreras Caro y el grupo empresarial que éste dirige descansan en este momento únicamente en afirmaciones, no mínimamente contrastadas", indica.

Querella contra Aldama

"Es claro, en definitiva, que cuando se trata, como aquí, de la atribución de hechos pretendidamente delictivos que se encuentran todavía en fase de instrucción, vinculados además a lo que constituye el núcleo de aquella ni puede asegurarse, en términos de razonabilidad, la falsedad de la imputación, ni es procedente otorgar, en este momento, la preceptiva licencia para interponer querella", explica.

Así pues, Puente pide tiempo para esclarecer los hechos. Para ello desestima la interposición de la querella porque ello generaría "disfunciones" en su procedimiento penal y también la personación. "Es evidente que si tras las precisas comprobaciones, se advirtiese la existencia de indicios razonables acerca de los mencionados pagos, solo como investigado en la causa podría personarse la parte", razona.

No obstante, Contreras integra la lista de los cerca de 20 testigos a los que ha citado en relación con esta causa. El instructor quiere escuchar en sede judicial no solo a los empresarios señalados por Víctor de Aldama, sino a otras personas vinculadas a la trama, como puede ser la pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, investigados en el caso de hidrocarburos que también afecta al conseguidor, o a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en un sobre a Ferraz.