Política

Doctrina Parot

En Inglaterra, los violadores deben avisar a sus vecinos

La Razón
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Tenía 23 años cuando Miguel Ricard ingresó en la cárcel de Herrera de La Mancha condenado por la violación y el asesinato de Miriam, Desirée y Toñi. Hasta hoy, sólo le identificábamos con el joven de pelo castaño que miraba con desafío a los que asistieron a su juicio. Esa forma de mirar, como muestra la foto que publicó LA RAZÓN no ha cambiado 21 años después. La difusión de la imagen de uno de los criminales que más alarma social ha generado ha creado otra polémica: la de la difusión de imágenes de presuntos delincuentes o de aquellos que han sido condenados pero cuya reinserción social se pone en duda, como el caso del asesino de las niñas de Alcàsser. «No creo que se atente contra su honor porque la difusión de su imagen tiene un interés público razonable. Violó y asesinó a tres niñas. La gente quiere ponerle cara, saber quién, es normal», sostiene Miguel Moeckel, abogado experto en Derecho Penal. José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, no lo tiene tan claro: «Creo que, en principio, si una persona ha cumplido su pena y, con la ley en la mano, tiene derecho a que no se difunda su imagen». Desde que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciara en contra de la «doctrina Parot», la sociedad española está en alerta ante el anuncio de cada nueva excarcelación. De muchos de ellos, sobre todo de los violadores y asesinos se han ido publicando sus caras. «La gente está indignada y da la impresión de que difundir su imagen es el único castigo que han encontrado contra una persona a la que consideran culpable» afirma el psiquiatra forense, José Miguel Gaona. En España no existen bases de datos públicas a las que puedan acceder los ciudadanos para ver el historial delictivo de su vecino, pero «en Estados Unidos, sí. Existen webs abiertas en las que puedes investigar los antecedentes de cualquier persona». Ésta es una de las reivindicaciones que realizan desde asociaciones como la de Delitos Violentos que, de acuerdo con su presidente José Miguel Ayllón, «es legítimo sacar las imágenes de expresos peligrosos. Es más, en Reino Unido a los violadores que tienen un mal pronóstico de reinserción, cuando se instalan en un municipio les obligan a ir a las casas de todos sus vecinos para explicarles su situación».