ERC y PDeCAT se escabullen de la declaración de independencia

Los soberanistas quieren evitar las consecuencias jurídicas de votar.

Pese a que este pleno fue planteado a inicios de semana con el objetivo de dar respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se ha tratado de aparcar todo lo relacionado con la proclamación de la independencia, lo cierto es que en el horizonte no ha dejado de planear esta idea, que cogió fuerza anteayer después de que el presidente, Carles Puigdemont, rechazara acudir al Senado. Si bien, el mecanismo para alumbrar la república catalana con las responsabilidades penales de fondo ha dejado en suspenso la independencia y aislado al president, que no ha encontrado respaldo ni en ERC ni en el PDeCAT a su fórmula de dejar la secesión en manos del Parlament.

Según aseguraron fuentes cercanas al Govern a este diario, tanto los republicanos como la gran mayoría de los neoconvergentes no están dispuestos a asumir las consecuencias jurídicas que acarrea votar la independencia en el hemiciclo. Al posicionamiento de ambas formaciones, se adhirió también la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya cuenta con una causa abierta por tramitar iniciativas rupturistas.

En esta tesitura, en la sesión monográfica de ayer, los secesionistas solo pudieron arrancar un tímido anuncio de JxSí, que adelantó que hoy realizarán algún tipo de avance encaminado a fructificar la ruptura, aunque sin concretar cómo: «Mañana acabaremos fijando el rumbo de nuestro país ante el 155», afirmó el presidente de la coalición independentista, en una intervención muy breve. Para hoy se espera la votación de las resoluciones a partir de las 12:00 horas –cada fuerza política tiene la potestad de impulsar tres–, aunque hasta ayer parecía improbable que haya alguna que albergue la declaración unilateral de independencia.

Desde las filas de la coalición independentista se ha recordado a lo largo de esta semana que la Ley del Referéndum no especifica que la proclamación de la independencia requiera de una votación. En esta línea, el PDeCAT, por ejemplo, se ha limitado a reiterar en los últimos días que si el president decidiera levantar la suspensión de la declaración de la secesión, encontraría en el partido toda la «complicidad», pero siempre depositando todo el peso de la responsabilidad sobre los hombros de Puigdemont y evitando involucrarse conjuntamente.

Cabe reseñar también que el partido sufrió una oleada de tensión interna –dos diputados dimitieron, los militantes se resintieron y sufrió un escrache en su sede–. En la misma dirección se ha movido ERC, que también presiona al president pero que tampoco apuesta por la alternativa de la votación, aunque por el momento, parece salir indemne.

La CUP, en cambio, sí está dispuesta a votar y ratificar los resultados del referéndum del 1 de octubre. En el pleno de ayer, Anna Gabriel, Benet Salellas y Albert Botran fueron los encargados de tomar la palabra y pusieron el foco sobre la aplicación del 155 y advirtieron a Puigdemont sobre los compañeros de viaje: elegir entre el PNV para convocar elecciones o a los dos millones de votos del 1-O. En este sentido, los cuperos también habían asumido esta sesión parlamentaria como una vía para responder al Estado, y en caso de que la coyuntura lo exigiese, se daría luz verde a la ruptura con España, por tanto, están abiertos a presentar alguna resolución en este sentido.

En todo caso, en un escenario de votación, hay que recordar que el bloque independentista tiene una mayoría justa. Cuenta con 71 diputados –la mayoría son 68 en un Parlamento de 135 escaños–, y en caso de que haya diputados que renuncien a votar a favor, podría perderla. La forma de salvar esta situación sería que el bloque constitucionalista no abandone el hemiciclo, como ya ocurría con las leyes de desconexión –algo muy previsible–.