Los errores del Gobierno ante la presión migratoria en Canarias

Las dinámicas migratorias que afectan a nuestro país están adornadas con un tinte de misterio. Los españoles observan cada semana cómo miles de ciudadanos africanos arriban a las Islas Canarias a bordo de pateras y cayucos, y carecen de la información adecuada para comprender un fenómeno histórico que afecta a la espina dorsal de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Proliferan los rumores, los bulos y tergiversaciones de la realidad en todos los espectros políticos; producto ello, si no de la creciente xenofobia de determinados sectores políticos, de la ignorancia buenista e irresponsable que trae la falta de información.

Este artículo pretende mostrar algunos de los errores que comete el Estado español con independencia de los gobiernos que lo dirijan: una inadecuada integración de los inmigrantes, una gestión migratoria que avanza a marchas forzadas como con nocturnidad y alevosía, trámites administrativos plagados de incoherencias y dramas individuales que procurarán arrojar un haz de luz en el caos informativo.

Salvamento marítimo

LA RAZÓN contactó con la portavocía de Salvamento Marítimo para informarse sobre los medios disponibles para el rescate de inmigrantes en las Canarias, a saber: 10 embarcaciones de Salvamar, 2 remolcadores, 4 embarcaciones Guardamar y 2 helicópteros, junto con otros 2 aviones. Veinte aparatos en total.

Pero fue Ismael Furió Genovés, delegado sindical en Salvamento Marítimo, quien tuvo que matizar la cifra en una entrevista posterior, al indicar que sólo 6 lanchas de Salvamar y 3 embarcaciones Guardamar participan en el rescate de inmigrantes. Nueve aparatos. Las otras cuatro Salvamar se encuentran en islas con escaso tráfico migratorio (La Palma y La Gomera), o están colocadas para atender los rescates de cara al Atlántico. Igualmente, los remolcadores, los helicópteros y los aviones no están habilitados para el rescate de cayucos con un centenar de personas a bordo.

Las seis lanchas de Salvamar tienen una dotación total de 46 tripulantes, divididos en dos equipos de cuatro por cada embarcación (los equipos cambian de turno por cada guardia de 168 horas). Estas 46 personas han rescatado este mes de octubre a 14.976 inmigrantes llegados en cayuco. Un tripulante por cada 325 inmigrantes, donde Furió denuncia una falta de personal sobre el terreno que contrasta con una plantilla de casi 200 personas en las oficinas de Salvamento Marítimo. Igualmente, el líder sindical confirmó que de los 190 millones de euros destinados a Salvamento Marítimo en 2023, apenas 49 millones están destinados a cubrir los costes operacionales, que incluyen combustible, mantenimiento de las embarcaciones, sueldos… el resto se destina a este océano administrativo con sede central en tierra firme y a una cúpula directiva donde ninguno de sus componentes tiene una experiencia en la mar, como apunta Ismael, “que vaya más allá del PER”. Si llegan a tanto. La desconexión entre la directiva de Salvamento Marítimo y las tripulaciones se hace evidente a lo largo de toda la entrevista con el líder sindical.

Llegada a tierra

Cuando los inmigrantes desembarcan, después de ser rescatados por Salvamento Marítimo, la Cruz Roja es la encargada de servir como punto de contacto entre los africanos y el suelo español en colaboración con la Guardia Civil. Se les hacen cuatro preguntas a los recién llegados: nombre, nacionalidad, edad y si tienen algún amigo o familiar en España. No se pregunta la razón por la que han venido, ni se registra su identidad étnica o su religión (esto es fundamental para facilitar el proceso de integración), ni se cuestiona su oficio para conocer qué disponibilidad laboral se acaba de incorporar al mercado español, etc. Este periodista ha visto a centenares de inmigrantes sentados en el puerto y cubiertos con una manta roja, esperando al autobús que les llevará al centro de acogida. Son horas enteras malgastadas y que podrían servir al Estado para conocer cada detalle de los inmigrantes con el fin de, primero, integrarles adecuadamente, y, segundo, prevenir en la medida de lo posible las salidas desde los puertos africanos y mejorar la vigilancia de fronteras.

De la misma manera, Cruz Roja dispone en el punto de llegada de un doctor en medicina general que atienda en primera instancia a quienes descienden de los cayucos. A sabiendas de que muchos de los inmigrantes han vivido verdaderos horrores en el mar (por no mencionar sus experiencias vitales en sus países de origen), añadiéndole el escaso cuidado que se mantiene en los países africanos en lo referente a la salud mental, sorprende conocer que los inmigrantes no reciben una evaluación psicológica en el momento de su llegada, como no la reciben durante los meses que pasan en los centros de acogida. Esto ha sido confirmado tanto por el director de Emergencias de la Cruz Roja a nivel nacional, Iñigo Vila, como por el director de Emergencias en Canarias.

Se cogen a un padre cuyo hijo ha fallecido durante el trayecto, a un joven atraído por la propaganda yihadista que prolifera en África Occidental, a una víctima del terrorismo y a un hombre honrado que sólo busca trabajo, y se les concede un trato idéntico, producto de esta falta de evaluaciones psicológicas que distribuyan a los inmigrantes entre los centros de forma óptima.

Los cayucos

El ministerio de Interior hizo público en octubre de 2023 que en torno a 300 embarcaciones estaban esperando a ser destruidas en Canarias, pero el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) volvió a dar la misma cifra un mes después, pese a que llegaron en ese tiempo más de 100 cayucos (récord histórico), demostrándose con esto una carencia informativa evidente. Este periodista contabilizó en la primera semana de noviembre hasta 35 cayucos en las aguas del puerto de La Restinga (El Hierro), uno de ellos hundido cerca de la entrada, y cerca de 30 en amontonados tierra. El puerto apestaba por los olores de los cayucos donde cientos de personas han malvivido durante días.

Destruir los cayucos no es sencillo, y menos en España. Los que han sido construidos con fibra de carbón, procedentes de Mauritania, requieren una serie de procedimientos debido a su componente contaminante. Y destruir un cayuco de madera supone un costo que oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros. Al no contar el Estado con medios propios para procurar su desmantelamiento, es necesario acudir por medio de licitaciones a empresas del ámbito privado que se encarguen del desguace; en cuanto una licitación supera los 50.000 euros, es necesario hacer otra y renovar contrato. A sabiendas de que sólo en octubre, considerando como válida la cifra de los 300 cayucos anunciados por Interior, el costo de su destrucción ronda el millón de euros, esta dinámica de licitaciones por cada 50.000 euros ha saturado el estropeado engranaje administrativo de España y provocado un colapso que se traduce en decenas de cayucos apilados y amarrados unos contra los otros en los principales puertos canarios. Es un situación que todavía hoy se mantiene y que debería haberse automatizado a niveles eficaces tras más de 20 años recibiendo cayucos en el archipiélago.

Los centros

El hermetismo del Estado español en lo referente a colaborar con periodistas para mantener las vías de comunicación abiertas es desolador. No existe otra palabra. Un fotógrafo de Europa Press se quejaba en las últimas semanas de octubre de que Cruz Roja colocaba sus ambulancias en el puerto de La Restinga de manera que no pudieran tomarse fotografías de las llegadas; algo que no cambió hasta que Iñigo Vila dio orden de apartar las ambulancias para facilitar la toma de imágenes. Este periodista contactó igualmente con los ministerios de Interior y Exterior, y también con el Cabildo de Lanzarote, con el fin de obtener declaraciones oficiales o cualquier tipo de colaboración que considerasen adecuada. Respuesta: puertas cerradas. Negativas. El resultado inmediato de esta falta de comunicación es que los periodistas se ven obligados a buscar respuestas en canales no oficiales, con el consecuente margen de error que esto conlleva; se facilita la desinformación por medio de la falta de información oficial.

Lo mismo ocurrió al contactar con el ministerio de Inclusión para procurar entrevistar a los inmigrantes en los centros de acogida. Otra negativa. Se dijo que los periodistas no tienen acceso a los centros para “respetar la privacidad de los inmigrantes”. Sin embargo, los recién llegados son libres de salir de los centros en todo momento y es entonces cuando los periodistas, emboscados entre las rocas, se abalanzan sobre ellos y les acribillan a preguntas. No deja de ser incongruente que, si realmente importase la privacidad de los africanos, lo adecuado sería establecer programas de visitas de prensa que interroguen a aquellos que deseen contestar a las preguntas, en lugar de soltar a los africanos en la jungla periodística en que se ha convertido la calle.

El tiempo que los inmigrantes pasan en estos centros varía. Los menores de edad que esperan a su pasaporte pueden vivir de tres meses en ellos. Los mayores de edad no suelen pasar un mes antes de ser trasladados a la Península, donde lentamente “se sueltan” para que ingresen en la sociedad española sin permiso de residencia ni de trabajo, vulnerables a un mercado laboral que se aprovecha de su condición de “sin papeles” para ofrecerles contratos abusivos que no llegan al salario mínimo.

Si alguno de los inmigrantes “monta algún follón”, la Cruz Roja confirmó que los centros pueden proceder a su expulsión sin ninguna alternativa que no sea la pura supervivencia, en una situación psicológica que, con toda probabilidad, no desearía ningún ser humano para sí mismo.

Enviar a un inmigrante a su país de origen, extraditarle, incluso contando con su pasaporte (dado que la mayoría viajan sin este documento), es hoy imposible. Tomando de referencia Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y Guinea Conakry, que son las cuatro nacionalidades mayoritarias entre quienes arriban a Canarias de manera irregular, sólo Mauritania ha firmado acuerdos de extradición de inmigrantes con España. Los tratados de extradición con Marruecos se limitan a sujetos que hayan delinquido y Senegal, Gambia y Conakry no han firmado ningún convenio a este respecto.

Colaboración europea y ONG

En el proceso migratorio pueden encontrarse a personas implicadas y de una admirable categoría moral: tripulantes de Salvamento Marítimo, voluntarios de la Cruz Roja, guardias civiles y parroquias, miembros de Cáritas, profesores de institutos que ofrecen formación a los inmigrantes menores de edad, asociaciones vecinales…. Toda ayuda es poca cuando se cumple el récord histórico de llegadas a Canarias. Y los medios disponibles, como ya se ha comprobado tras el análisis de Salvamento Marítimo y de la Cruz Roja, no siempre son suficientes. Es por esta razón que entran en juego las organizaciones no gubernamentales que proliferan en las islas. Estas son organizaciones de ámbito privado que participan en la integración de los inmigrantes pero también en su rescate en otros mares (es de sobra conocido el ejemplo de Open Arms) y en su inserción en los centros de acogida. Sólo en Tenerife pueden contabilizarse 19 asociaciones, fundaciones y ONG de este tipo.

La consecuencia directa de la implicación de las ONG, pese a la utilidad de su labor, implica un error gravísimo: que el Estado traspasa sus responsabilidades a organizaciones privadas, cayendo en la misma dinámica que los gobiernos africanos cuando se desentienden de sus obligaciones para con los ciudadanos y delegan su actuación a los organismos de ayuda. Donde existen voluntarios y trabajadores responsables, existen también favores, intereses, ayudas de nebulosa procedencia, voluntarios con una preparación inferior a los profesionales del sector y un desinterés del Estado que se comprueba en la falta de medios de los organismos oficiales (centros de acogida que no sean hoteles, embarcaciones de rescate, colaboración sanitaria, etc).

Un ejemplo de estas malas prácticas se encontraría en la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, organización contratada por el Gobierno para atender a los menores llegados al archipiélago y que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la Fiscalía, acusada de malversar fondos públicos. También destacan los continuados abusos sexuales denunciados en el centro de acogida Las Raíces, o los 350.000 euros en concepto de subvenciones que debió devolver en 2014 la asociación Nuevo Mundo, después de probarse un uso irregular del dinero por parte de la asociación.

La colaboración de la Unión Europea, que podría suplir de alguna manera la participación de organizaciones no gubernamentales, apenas tiene una presencia en las Canarias. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) no cuenta en las islas con embarcaciones permanentes o medios de acogida que se solapen con los servicios españoles, y tampoco ha estimado la UE enviar medios de apoyo temporales para la crisis sucedida durante el otoño de este año. Toda ayuda económica europea para garantizar la seguridad de una de las fronteras más vulnerables del continente en términos migratorios se reduce a 482 millones de euros concedidos por medio del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el periodo 2021-2027. Una cifra anual de 69 millones de euros.

El círculo vicioso

Susana Cuadrón, abogada especializada en materia de extranjería del bufete Sagardoy Legal & Expat, determina que los tiempos de trámite hasta que se pueda aceptar una petición de asilo no deben de superar los dos años, añadiéndose los seis meses que se necesitan para admitir a trámite la petición. En cuanto a la posibilidad de obtener un permiso de residencia por arraigo, el tiempo máximo estipulado es de 3 años. Este periodista ha hablado con inmigrantes que llegaron a España hace seis, cinco o siete años, y que sin embargo no contaban con permiso de residencia o de asilo. Esto se debe a que uno de los requisitos para tener el permiso de residencia pasa por poseer un contrato de trabajo. Pero, y este es un pero paradójico, para tener un contrato de trabajo en España hace falta un permiso de residencia.

Es la pescadilla que se muerde la cola. Esta medida viene acordada para evitar la inmigración ilegal e incentivar las contrataciones en los puntos de partida: esto es, que los africanos firmen su contrato antes de venir a España. Aparte de que firmar un contrato laboral para trabajar en España supone una aventura de ciencia ficción para un burkinés que vive en un país donde el 82% de la población no tiene acceso a la electricidad, Cuadrón señala que las dificultades también se trasladan al empresario español: “cuando un empresario quiere contratar en terceros países, el Estado le indica que busque empleados dentro del territorio nacional e impide el acceso a estos trabajadores potenciales en África o en Sudamérica. El problema viene cuando, en realidad, no hay trabajadores dispuestos para determinados oficios en España pero el Estado sigue sin permitir al empresario acceder al mercado laboral extranjero”.

Aunque existen programas que permiten a los africanos trabajar como “temporeros” durante un máximo de nueve meses, antes de regresar a sus naciones de origen, el sistema actual impide que los flujos sean ordenados, mientras Cuadrón considera que “la legislación de extranjería no responde adecuadamente a la situación”.