España intenta tranquilizar al resto de los socios tras la convocatoria de elecciones en plena presidencia

Tras la gran sorpresa que ha supuesto para las cancillerías europeas la convocatoria de elecciones anticipadas en España a tan sólo tres semanas del comienzo de la presidencia del 1 de julio, el gobierno de Pedro Sánchez se ha dispuesto a intentar tranquilizar el resto del club comunitario.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha subrayado ante la prensa en Bruselas que “España es un país que tiene costumbre y experiencia en asumir responsabilidades institucionales a nivel nacional y europeo”. Según el ministro, el próximo 1 de julio será la quinta ocasión en la que España asumirá este cometido ( la última vez fue en el año 2010 durante el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero) y por lo tanto, es “consciente del papel que desempeña”, por lo que “no habrá problema” a la hora de definir las prioridades.

El secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, que también se encontraba de visita este martes en la capital comunitaria para acudir al Consejo de Asuntos Generales, también ha emitido este mensaje tranquilizador a puerta cerrada, si bien no ha realizado declaraciones a los medios. Según fuentes diplomáticas, Navarro no ha realizado ninguna intervención pública general, ya que “no está previsto en el procedimiento, dado que continúa la normalidad institucional de la UE” y el secretario tan sólo se ha limitado a repetir este mensaje ante las preguntas de la Comisión Europea y la Secretaria General del Consejo. Estas mismas fuentes reiteran que “no hay preocupación alguna” y que la coordinación con al presidencia sueca que ahora mismo ostenta el timón europeo ha sido frecuente estos meses y lo seguirá siendo.

La Comisión Europea, a través de su portavoz, Eric Mamer, ha asegurado que “respeta plenamente” la decisión del Gobierno español y que el Ejecutivo comunitario trabajará con las autoridades español para asegurarse de que nuestro país “cumpla con sus obligaciones”, tal y como subrayó el propio Pedro Sánchez en el anuncio.

A pesar de las apelaciones a la calma, fuera de micrófono resulta evidente en los pasillos comunitarios que las decisión de Pedro Sánchez abre en canal la presidencia española de la UE y añade incertidumbre y ciertas dosis de caos a los seis meses venideros a partir del 1 de julio. Es cierto que desde el año 2009 las presidencias rotatorias han perdido peso político con la creación de los puestos de presidente permanente del Consejo y el máximo representante de la diplomacia comunitaria ( quienes tienen la batuta, por ejemplo, en la respuesta a la guerra en Ucrania) y que muchos de los dosieres más técnicos serán negociados por funcionarios de carrera no dependientes de ningún partido y que llevan meses preparando esta presidencia, pero el el impulso político resultará determinante para actuar como árbitro y forjador de consensos en temas tan sensibles como la reforma de las normas fiscales, el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico (gran prioridad del gobierno de Sánchez) o el pacto de migración y asilo. Nadie puede descartar un cambio de gobierno en medio de la presidencia que añada incertidumbre sobre algunas de las prioridades y posiciones en terrenos tan resbaladizos.

La presidencia rotatoria fija la agenda de las reuniones, impulsa algunos temas y prioriza el cierre de algunos dosieres sobre otros. Este posible cambio de guardia no comienza con signos alentadores. los eurodiputados españoles del Partido Popular dieron plantón en el mes de abril al ministro de Exteriores José Manuel Albares en el hemiciclo de Estrasburgo en protesta por que Pedro Sánchez no se hubiese reunido antes con Alberto Nuñez Feijoo para explicarle las prioridades de la presidencia española. Ante un posible cambio de gobierno en medio de la presidencia – con el parón del mes de agosto en las instituciones europeas como balón de oxígeno- la coordinación se convertirá en un aspecto clave.

Hasta ahora, era un lugar común decir que, pese a algunas excepciones, los dos partidos mayoritarios no hacían de la política europea un arma electoral y que, en este ámbito, predominaba el concepto de “cuestión de Estado”. Pero en los últimos años esto ha ido cambiando progresivamente y el escenario europeo ha ido caldeándose. Antes de la convocatoria electoral, ya se daba por supuesto que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (la Comisión Europea emitirá su informe justo a principios de julio), la ampliación de regadíos en el parque de Doñana o la gestión de los fondos post-pandemia podían emponzoñar la presidencia española, sobre todo en la recta final antes de los comicios.