Un técnico se enfrentó a la "trama Cerdán" y no firmó las licitaciones

Un técnico se enfrentó a las altas esferas del "caso Koldo". El funcionario se negó a firmar el informe de la licitación pública que presuntamente iba dirigida a una de las empresas salpicadas por la trama. Una denuncia interna alertó de estas circunstancias que se estaban produciendo en Adif pero se cerró la investigación sin consecuencias. Ahora, estos datos se encuentran en poder de los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

El denunciante puso sobre la mesa las presuntas irregularidades en dos concursos. Uno de ellos de Adif era el de la "ejecución de las obras del proyecto de construcción del acceso ferroviario al puerto de Sagunto". El segundo, y que más problemas presentó, se centraba en el "ramal Ferroviario al Bajo de la Cabezuela".

La fecha de licitación de estos trabajos fue el 9 de julio de 2020. Se encargó una valoración a uno de los técnicos. Una vez presentada se le ordenó que las cambiase para favorecer a una de las empresas que ahora está en el foco del Tribunal Supremo y de la Guardia Civil.

Este funcionario se negó de forma reiterada y no se presentó a tiempo, como pedían los altos cargos del ministerio. De esta forma, se pospuso la apertura del concurso para, presuntamente, poder varias las puntuaciones siguiendo las instrucciones de uno de los afines de Isabel Pardo de Vera.

Todo ello, provocó que se presentara un informe técnico donde la empresa OPR obtuvo la mejor puntuación. Un documento que no está firmado por el técnico responsable. Esta suscrito por dos altos cargos, uno de ellos al menos aún sigue en el ministerio de Óscar Puente.

A pesar de todos estos esfuerzos, una vez que se hizo la apertura económica de la licitación, la oferta de OPR quedó en presunción de temeridad y no fue adjudicataria de la obra. Esta problemática, las presiones a los funcionarios, se ha ido produciendo de forma constante.

Una denuncia al Canal Ético de Adif

Sin embargo, muchos de los técnicos no llegaron a denunciar por las posibles represalias que podían tener por parte del director General Juan Pablo Villanueva y de Isabel Pardo de Vera. Ambos tenía una larga amistad y los empleados no se fiaban de que su identidad quedara a buen recaudo en los canales internos del buzón ético.

Uno de los funcionarios dijo basta y ser armó de valor para difundir lo que estaba viviendo. Lo hizo en septiembre de 2022 a través del Canal Ético. Seis meses después, Adif publicó un comunicado donde aseguró que no encontraba ningún indicio de irregularidad. Analizaron las dos licitaciones, según la nota de prensa que difundieron a los medios. "Adif y Adif AV subrayan la importancia de mantener la confidencialidad de los procesos del Canal Ético con el fin garantizar la correcta investigación de cualquier hecho y no dañar la reputación de sus empleados", añaden.

"La investigación constata, además, que estos expedientes han cumplido todos los procedimientos internos y la normativa de tramitación de las compañías", afirmaban los responsables de la empresa que apuntaron que la notificación no fue presentada por ningún empleado de la entidad sino que el informante era una persona externa. Ahora, dos años después, la UCO ahonda en toda la información que se aportó en 2022.

Además, una de las afirmaciones de Adif ha envejecido mal con el paso del tiempo y sobre todo con el avance de las pesquisas del caso Koldo. "La empresa OPR acudió a las licitaciones en UTE (Unión Temporal de Empresas) con otras empresas, por lo que en el análisis de los expedientes han participado distintas subdirecciones del área de construcción, lo que hace insostenible la idea de que un solo equipo o dos o tres personas hayan podido determinar el sentido de las adjudicaciones", defendían.

Las presiones en el Congreso

Este caso intentó escalar hasta el Congreso de los Diputados pero la Mesa no dejó que se preguntara al Gobierno por este asunto. El por entonces diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero preguntó por las presuntas irregularidades "relativa a las puntuaciones en los concursos" que había recibido la empresa OPR.

Una de las cuestiones sobre las que pretendía encontrar explicaciones era que el dueño de esta mercantil "presumía en foros públicos de que Ábalos les arreglaba las cosas a cambio de que le pagasen sus fiestas". Una pregunta que se quedó en el aire y que ahora vuelve a estar de imperiosa actualidad tras el informe sobre Santos Cerdán que ha salpicado a esta empresa.

Y es que el domicilio social de esta compañía ha sido uno de los puntos que registró la Guardia Civil el pasado 10 de junio. De este lugar, los agentes se llevaron dos ordenados de los empleados y numerosa documentación. Uno de los archivos que incautaron es muy relevante ya que contiene todas las licitaciones en las que han participado en los últimos años del Ministerio de Transportes.