Estafadores, prevaricadores y María Salmerón, indultados en 2016

Los delitos contra la salud pública acapararon el mayor número de concesiones.

Los delitos contra la salud pública acapararon el mayor número de concesiones.

El Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en el último año y medio, por la especial «repulsa» que generan en la opinión pública y la «sensibilidad social» que existe hacia el ejercicio del indulto. La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, dio ayer cuenta de estos datos ante la comisión de Justicia del Congreso en cumplimiento con el mandato legal introducido en la reforma del Código Penal de 2015, que obliga al Gobierno a informar semestralmente de los indultos concedidos y denegados. Entre los 27 indultos concedidos en 2016, de un total de 3.774 solicitudes, y los 20 en lo que va de año, de 1.943 peticiones, no existe ninguno a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial, Hacienda Pública ni lesa humanidad. Además, destacó la reducción progresiva de los indultos concedidos, al pasar de una media anual de 400 en los últimos diez años a los 27 del pasado año, es decir, un porcentaje que ha pasado del 11,26 % de 2007 al 0,72 % de 2016, del total de solicitudes. El Gobierno no entró a valorar esta reducción, pero sí destacó que al tratarse de un «acto político», que supone una interferencia en otro poder del Estado, «la injerencia pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible», en consonancia con la «realidad social» del momento, que, recordó, «es cambiante». De esta forma, las condenas por delitos contra la salud pública acaparan la mayor parte de las solicitudes e indultos concedidos, ya que se valora la rehabilitación del penado, y añadió que se indultan más a mujeres que hombres «por la menor gravedad de su conducta delictiva y el menor número de delitos».

Tras mencionar que el Gobierno hace «un uso extremadamente cauteloso» de esta medida de gracia, defendió que el Ejecutivo sí que explica –tras las críticas de Podemos– las razones concretas por la cuales accede a su concesión, como son la antigüedad, la reinserción o la menor gravedad de los hechos. Destacó que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no puede figurar todo porque eso afecta a la intimidad de las personas, del mismo modo que subrayó que las desestimaciones no tienen publicidad alguna por el mismo motivo. Entre los indultados por el Gobierno está el caso de María Salmerón, a la que en 2016 concedieron un segundo indulto. Está acusada de un delito de desobediencia, al incumplir el régimen de visitas establecido judicialmente e impedir que su ex marido, acusado por maltrato, viera a su hija. Su caso abrió el debate sobre la conveniencia o no de que los maltratadores vean a sus hijos. También fueron indultados por prevaricación los funcionarios y un ex concejal implicados en el caso horas extra del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años se pagó a un funcionario en su nómina trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato o un promotor que estafó a familias a las que pedía dinero por edificios que no se llegaron a construir.