Estrasburgo rechaza la demanda de la Fundación Franco para paralizar la exhumación

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado por escrito paralizar de manera cautelar la inminente exhumación en el Valle de los Caídos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado por escrito la demanda presentada por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) en la que esta organización solicitaba paralizar de manera cautelar la inminente exhumación en el Valle de los Caídos, prevista para los primeros días de la semana que viene.

Según el escrito –una carta de un folio–, el tribunal con sede en Estrasburgo descarta la aplicación del artículo 39 de su reglamento e informa a los demandantes de que «no intervendrá como se le había solicitado» aplicando las medidas provisionales que pretendía la Fundación Franco, que pidió el amparo del alto tribunal europeo el pasado lunes.

Aun así, la Corte europea recuerda en la carta que el demandante puede presentar una queja ante el TEDH bajo el artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que regula las demandas de ciudadanos que se consideran víctimas de una violación de derechos humanos.

El presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, acoge la noticia con desagrado. En su opinión, "todo lo tienen bien atado. Incluso Estrasburgo".

Precisamente hoy, el Tribunal Constitucional ha acordado de forma unánime inadmitir el recurso de amparo que había presentado la familia Franco contra los acuerdos del Consejo de Ministros del 15 de febrero y 15 de marzo de 2019, en los que se aprobó el traslado de los restos mortales de Franco, y contra la sentencia dictada el pasado 30 de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que avaló dichos acuerdos.

De todos los intentos de la familia y de la Fundación Francisco Franco por retrasar lo máximo posible el traslado de los restos del dictador, tan solo queda un último recurso ante el Supremo con petición de suspender de forma cautelarísima la exhumación. Las posibilidades de que el Alto Tribunal se pronuncie en sentido contrario a como lo ha hecho hasta ahora son remotas.

A continuación, los Martínez-Bordiú Franco tienen seis meses de plazo para agotar la última vía que les queda, el Tribunal de Estrasburgo precisamente.