ETA tiende otra trampa para conseguir la amnistía escalonada de sus presos

Los reclusos no piden perdón a las víctimas y exigen «garantías» antes de dar un paso. Reclaman beneficios penitenciarios y la autodeterminación

«Amnistía y autodeterminación». Así termina el comunicado hecho público ayer por el colectivo de los presos de ETA. Al final, lo único que demuestran es que no renuncian al pasado, del que se sienten orgullosos, y que tienen prisa por ser excarcelados en una nueva amnistía, ésta escalonada, y volver a sus casas.

Dicen estar dispuestos a admitir el daño causado, pero no hay una sola palabra de perdón a las víctimas, ni un arrepentimiento directo y sincero, ni la voluntad de pagar las ingentes cantidades de dinero que deben por sus atentados. Asumen la responsabilidad por su actividad «política» en el «conflicto». No hay renuncia al pasado, del que se sienten orgullosos.

Nada nuevo, por lo tanto, salvo una escenificación con el fin de buscar titulares de prensa y tratar de lanzar el «balón» al tejado del Gobierno que, según fuentes antiterroristas, debe mantener la firmeza. En su afán de disfrazar la nueva trampa, por un lado hablan de leyes de excepción para después admitir los cauces legales, en una clara contradicción.

Las líneas rojas de ETA

Los presos no han traspasado las líneas rojas que les había marcado ETA. En el trasfondo de esta nueva situación, está, tal y como adelantó LA RAZÓN, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, por la que se anulaba la «doctrina Parot», que ha hecho mucho daño entre la mayoría de los reclusos, que no eran beneficiarios de la resolución judicial y que se han quedado en sus celdas mientras otros regresaban a sus pueblos.

El llamado «Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos» (EPPK por sus siglas en euskera) dio a conocer ayer, a través de «Naif», el portal de Internet del diario «Gara», el citado comunicado, en el que se muestran dispuestos a que su excarcelación (como si se tratara de algo a lo que tienen derecho) se realice de forma escalonada, basada «en compromisos individuales y en tiempo prudencial».

Reclaman una hoja de ruta

Es decir, que el Gobierno tiene que abrir las puertas de los centros penitenciarios para que salgan los etarras, ya que ahora, por razones estratégicas, que no explican, les interesa dar la imagen de que van a aceptar la legislación penitenciaria (modificada, como exigen) siempre y cuando las supuestas torturas e irregularidades que habrían sufrido sean juzgadas y tengan su castigo. Se vuelve a la teoría de que ha existido un «conflicto» en el que ellos ya han pagado y ahora le toca a los otros.

Según lo publicado por «Naif», los integrantes del EPPK «asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias de nuestras acciones y, asimismo, mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes». En cuanto se escarba en el comunicado, se topa con esas «garantías»; en definitiva, la prepotencia del pasado.

Por ejemplo, exigen que «para resolver las consecuencias del conflicto político es indispensable tomar en cuenta el origen y las razones del mismo. Es precisa una hoja de ruta firme para que el conflicto que sufre nuestro pueblo encuentre una solución integral» (o hay una renuncia a la violencia de ETA, ni al pasado, del que se sientes orgullosos). Pero hay más: «Derogar toda situación y medida de excepción. Adaptar el entramado jurídico a la situación política. Cambiar radicalmente la política penitenciaria (se supone que antes de que ellos la acepten) y priorizar el fin de la dispersión». Al final, no aclaran qué legislación están dispuestos a aceptar, si la actual o la «modificada».

«Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa, nuestra excarcelación, y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria, se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena», explica el EPPK. Como si la aceptación de una condena correspondiera a un preso y no fuera facultad de los tribunales al imponerla.

De lo que se trata, según fuentes antiterroristas, es de lograr una nueva amnistía, más o menos escalonada (réditos políticos por dejar de matar). Por ello, anuncian, que abrirán contactos con el llamado «Foro Social», que realizó una serie de propuestas para la «resolución del conflicto», y con «otros agentes vascos para buscar acuerdos y fórmulas de materialización». No deben tener muy claro que su nueva estrategia engañe a los gobiernos español y francés, ya que hacen un llamamiento «a la ciudadanía, instituciones, agentes y partidos a buscar un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa, enmarcado en un proceso integral, que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política». Esta frase, puesta al final del párrafo, tiene su importancia, ya que cualquier «solución» no puede violar la «dignidad política» de los terroristas, como si asesinar, destruir, secuestrar, y hacer daño en general, formara parte de la «dignidad».

«Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral (no sólo el que han causado los etarras) generados», apunta otro pasaje de la declaración, en la que se alude a la práctica de la tortura y la política carcelaria, para reclamar que «los procedimientos judiciales sean revisados y evaluados, y reparado el daño causado». Es decir, que lo que piden es que las víctimas pasen página ya que ahora les toca a ellos saldar las cuentas pendientes.