Los responsables en el País Vasco son presos de la banda en libertad y sin causas pendientes

Presos de ETA que han cumplido condena en los últimos años se habrían incorporado como responsables del «aparato político» de la banda. Hasta el sábado eran directos colaboradores del detenido Mikel Irastorza, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN. Es decir, que por primera vez en su siniestra historia, la organización criminal tendría uno de sus «aparatos», o parte de él, en España, cuando siempre han estado en Francia. Sobre los individuos que pudieran pertenecer por esta vía al «aparato político», las citadas fuentes señalaron que hay que ser cautos sobre esos datos.

Se trata de personas sobre las que no pesan requisitorias judiciales y hasta que no se reúnan evidencias contra ellos, sus nombres no deben hacerse públicos pese a las sospechas existentes.

Han sido excluidos, por lógica, aquellos etarras que no formaron parte nunca de la «dirección» ni tienen un perfil «político» por haberse limitado a actuar en los «comandos». A muchos de los primeros se les ha visto en casi todos los actos de Sortu o de Bildu, ya que en ningún momento han escondido su vinculación.

Otra de las razones para no mantener estructuras clandestinas se deriva de la constatación que tiene ETA de que ni España ni Francia van a negociar con ellos. Ésta fue una de las razones para mantener un pequeño grupo escondido y preparado para las conversaciones.

Es una línea más de investigación que siguen los expertos pero que está basada en documentos de la propia ETA, hechos públicos por la organización criminal o que se incautaron en operaciones policiales.

En un comunicado hecho público en julio de 2014, ETA animaba a sus militantes a integrarse en la estructura organizativa de la izquierda abertzale, en sintonía con un editorial publicado por el diario «Gara» un mes antes, en el que se decía que «el capital político, humano y simbólico acumulado durante décadas de resistencia y lucha debe articularse para liderar a su comunidad y para activar a una sociedad que aspira, por definición, a dejar a las generaciones venideras un país más justo, más libre y mejor que aquel en el que ellos emprendieron su lucha; esa es su responsabilidad, dado que eran y son los objetivos por los que se implicaron en esas luchas, en muchos casos pagando un precio personal muy alto».

En el citado comunicado, se anunciaba que «se ha consolidado la estructura destinada a efectuar las tareas políticas de ETA, así como las que tengan como meta encauzar las conversaciones entre partes diferentes a fin de avanzar en el proceso de paz».

Lo que venía a decir la banda es que habría disuelto sus estructuras operativas y logísticas dedicadas al ejercicio de la violencia, algo que, en realidad, ya habían llevado a cabo las Fuerzas de Seguridad años atrás; que continúa con el sellado de sus arsenales, algo que nadie le ha pedido porque lo que se le ha exigido es el desarme completo; y que había fortalecido su estructura dedicada a la acción política y negociadora, lo que ya constaba en las conclusiones de su proceso de debate. Lo que quedaba claro entonces, y se ha confirmado hasta ahora es que la banda no tenía ni tiene intención de disolverse y pretende continuar su actividad como un agente político con capacidad para negociar.

ETA anunciaba a las organizaciones de la izquierda abertzale y a todos sus militantes que les correspondía «la responsabilidad de asumir el liderazgo y de guiar el proceso de liberación en esta fase». En teoría, se limitaría a ofrecer «su punto de vista a Euskal Herria y hacer su aportación ante los desafíos que el movimiento de liberación tiene ante sí, sin representar a nadie y sin apropiarse de tareas que no le corresponden».

La inclusión de ex presos en el «aparato político» demostraría, una vez más, que la banda no quiere dejar el control absoluto a Sortu y que se ha asegurado que parte de este engranaje criminal esté en España sin los problemas que acarrea la clandestinidad.

En definitiva, dicho «aparato» se ocupa de asuntos, como la redacción de comunicados o instrucciones generales, que se pueden escribir desde un ordenador en casa o con entrevistas con otros miembros «legales». Para hacerlas llegar al resto de la «dirección» existen métodos telemáticos encriptados o, como ha sido tradicional entre los pistoleros, los «correos» humanos. Ambos sistemas son utilizados ahora con grandes precauciones porque los terroristas saben que muchas detenciones se han producido al ser detectados dichos movimientos por las Fuerzas de Seguridad.

Según los citados documentos etarras, el «aparato político» «tiene la función de gestionar y llevar a término la estrategia político militar que determina la dirección a la que debe aportar la mayor información y elementos posibles sobre el desarrollo político de la lucha de liberación y sobre la situación política para realizar su reflexión permanente».

Cumplidos cinco años desde que ETA anunciara el fin de las actividades terroristas pero no del «conflicto político» que, según ellos, les enfrenta con España y Francia, el citado «aparato», que era el encargado de gestionar este periodo con el fin de llegar a una negociación con los gobiernos de ambos países, ha cosechado un gran fracaso.

Los dos últimos responsables en la clandestinidad, David Pla e Iratxe Sorzábal, que esperaron durante muchos meses en Noruega la llegada de los «negociadores» (al final tuvieron que abandonar este país), fueron detenidos en septiembre de 2015 en una casa rural de Saint-Étienne-de-Baïgorry. En una entrevista periodística, Pla dijo que en aquella casa estaban haciendo «una profunda reflexión, para asentar la estrategia y los pasos sucesivos. (...) ETA no necesita sellar los arsenales, ni tampoco desarmarse. Las armas pueden quedarse donde están». Esta última afirmación es una «sentencia» de las intenciones de la banda terrorista.