Europa y los jueces al rescate

No está mal que venga un observador de la Unión Europea. A lo que sea. Hemos llegado a un punto en el que la vida actual de España parece un relato de Orwell, en el que la mentira se convierte en la verdad por capricho del Gobierno y sus aliados. Nos hemos acostumbrado a las exigencias autoritarias, al pisoteo de los derechos, a la xenofobia de los nacionalistas, a su altanería y soberbia. El bombardeo de ese Gran Hermano sanchista es tan intenso que estamos a punto de pensar que quizá no somos quiénes para contradecir sus mentiras.

Era necesario, por ejemplo, que viniera una comisión del Parlamento Europeo para comprobar la situación de la educación en Cataluña. El espectáculo que han vivido es normal para nosotros, pero esperpéntico para los inspectores. Vieron una manifestación a las puertas de su reunión que gritaba: “¡Fuera fascistas de nuestros barrios!”. Aguantaron a dos comisarios políticos de la Generalidad que respondían cuando se preguntaba a los directores de las escuelas. Encontraron que las autoridades se negaban a dar cifras y a cumplir la sentencia del 25%. Escucharon los casos de acoso que han sufrido los niños y las familias que pedían el español en la escuela. Vieron que a las autoridades nacionalistas y al Gobierno español les da igual esa vulneración de derechos.

En su supremacismo, estos independentistas tienen tan asimilado el comportamiento totalitario que no pensaron siquiera en disimular. El informe de la Comisión Europea tendrá un diagnóstico negativo: la educación es un campo de batalla deleznable en Cataluña, y no se respeta la ley democrática ni los derechos humanos.

Lo mismo puede ocurrir con la renovación del CGPJ. Es preciso que las autoridades europeas vean la deriva iliberal de nuestra democracia. El Gobierno español ya se llevó un severo toque de atención en el Parlamento Europeo, que señaló el riesgo de quiebra del Estado de derecho y denunció el ataque al poder judicial. Quedó claro que en Bruselas y Estrasburgo no ha cuajado el estado mental de mentiras propio del sanchismo, ni el argumento de parar a la “ultraderecha” a toda costa. Son conscientes de que es una burda manipulación para conservar el poder y nada más. Enseguida pusieron al Ejecutivo de Sánchez entre los populistas autoritarios que son un peligro para la convivencia democrática.

Un supervisor de la Comisión Europea será una garantía, en principio, de que las personas elegidas para renovar el CGPJ sean independientes. Y mientras, por supuesto, que se elabore una ley orgánica para que los jueces elijan al gobierno de los jueces. El conjunto puede ser un palo para el PSOE, que solo quiere tener a un CGPJ a su servicio, que sirva para una administración de justicia al estilo sanchista.

Este es el mejor plan para salvar la democracia española de la tentación autoritaria de Sánchez. Por un lado, la Unión Europea puede y debe frenar la deriva. Tiene poder político y económico para hacerlo. Además, nos benefician las experiencias de otros países europeos que cayeron en un proceso para una democracia iliberal similar al español.

Por otro lado, la presidencia de turno de Sánchez del Consejo de Europa ha sido un fracaso. No ha conseguido absolutamente nada para nadie, lo que ha cimentado su desprestigio, aumentado con sus declaraciones en política exterior. No hay que olvidar tampoco que la Comisión de Venecia está estudiando los estándares democráticos de la ley de amnistía. El resultado se dará antes de marzo de 2024, y el pronóstico se aventura negativo para Sánchez.

El otro pilar es el mantenimiento de la independencia del poder judicial y la solidez del Estado dederecho, que no puede estar sometido a las negociaciones entre partidos. Por eso el PP hace bien en defender el prestigio y las decisiones de los jueces, que no se señalen en el Congreso, y que no sean insultados con el "lawfare" ni con comisiones de investigación. Hay esperanza.