Puigdemont podría llegar a España en el mes de mayo

La Fiscalía alemana reconoce la validez en el Derecho alemán de los cargos de la Justicia española contra el ex president y pide que mientras dure el proceso de la euroorden siga en prisión por «riesgo de fuga».

Se cumple el peor de los escenarios posibles para Puigdemont. La fiscalía del estado federado de Schleswig-Holstein pidió ayer a la Audiencia Territorial tramitar la extradición a España del ex presidente de la Generalitat de Cataluña por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos y decidió mantenerle en prisión hasta que se resuelva el trámite al considerar que existe «riesgo de fuga».

De nada sirvió el acercamiento que, durante los últimos días, mantuvo el líder soberanista con algunos grupos del extremo izquierdo del arco parlamentario alemán o incluso las peticiones que se lanzaron desde importantes cabeceras del país. Finalmente, la fiscalía estimó que la euroorden presentada por las autoridades españolas tiene validez y que los delitos de rebelión y malversación tienen equivalentes en el Código Penal alemán. Presentada la solicitud, la sala primera de lo penal de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, formada por tres jueces, deberá analizar a partir de ahora la petición de la fiscalía para ver si existen pruebas, para lo que contará con todo el informe enviado desde España y determinará si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente. Por el momento, este órgano no ha tomado declaración al ex presidente catalán, sino que ha analizado la documentación tramitada por la Justicia española, mientras que en la fase que ahora se abre sí está previsto que el tribunal le escuche.

La normativa que regula la euroorden no fija límites de tiempo a la decisión judicial. No obstante, establece un plazo recomendado de 60 días (ampliable a 90 en casos excepcionales) que suele cumplirse. La media se sitúa en 48 días. En este último caso, la Justicia alemana podría decidir sobre la entrega a finales de mayo. En su comunicado, la fiscalía explicó que los dos principales cargos imputados por la justicia española tienen equivalente en el derecho alemán, aunque «no es necesaria una coincidencia palabra por palabra entre los reglamentos alemanes y españoles». Puigdemont está acusado de «malversación» por haber organizado un referéndum declarado ilegal por la justicia española, y también de «rebelión». En esta línea y aunque el delito de rebelión no existe específicamente en la legislación alemana, la fiscalía considera que es parecido al de «alta traición», inscrito en el código penal, y que es suficiente para justificar la extradición. Asimismo, el delito de rebelión «contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos», con lo que es equiparable al de alta traición. El lunes Puigdemont había recurrido su procesamiento, asegurando que no se justifica la acusación de rebelión porque este delito comporta la noción de alzamiento violento. Sin embargo, la fiscalía destaca que las fuerzas policiales indicaron que, tras los enfrentamientos violentos del 20 de septiembre de 2017 entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil, era de esperar una escalada de la violencia el día del referéndum.

Puigdemont, explica la fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum. Asimismo, las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1-O, continúa la fiscalía, se corresponden con el delito de malversación recogido en el Código Penal alemán.

Por último, el órgano jurídico subraya que «continúan la razones para su detención por riesgo de fuga» y considera que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig decide sobre su extradición. Fuentes de la cárcel de Neumünster, donde está ingresado el líder soberanista, indicaron que la decisión fue comunicada a Puigdemont, de acuerdo a la práctica en estos casos.

El abogado de Puigdemont advirtió de que toda decisión de la fiscalía debía considerarse un «trámite previo» e hizo hincapié en que el estamento al que correspondía dictaminar si se hace o no efectiva la extradición es la Audiencia Territorial.

Busca casa en Alemania

Precisamente, para convencer ahora a la Audiencia Territorial de que no existe «riesgo de fuga», el abogado del ex presidente de la Generalitat sugirió ayer, en un mensaje a través de las redes sociales, que están trabajando para obtener una residencia fija que disipe ante el tribunal cualquier duda de que vaya a huir. Una idea que, ya este fin de semana, una diputada del Die Linke, Zaklin Nastic, planteó. Esta parlamentaria alemana ofreció a Puigdemont su propia vivienda por si era necesario acreditarla durante todo el proceso de extradición, algo sobre lo que todavía no ha replicado el ex president, aunque todo apunta a que optará por alquilar una nueva vivienda, a costa de su círculo más cercano y de la campaña de «crowdfunding» que lanzó la semana pasada. En todo caso, se convertiría en su segunda residencia desde que iniciara su fuga el 29 de octubre. La primera es la de Waterloo, cerca de Bruselas y cuyo coste era de 4.000 euros de alquiler mensuales. Asimismo, desde que se encuentra encarcelado, no ha parado de recibir visitas. Mañana lo hará el ex ministro de Exteriores esloveno, Ivo Vajgl.