La Fiscalía Provincial de Madrid mantiene abiertas desde finales de enero diligencias de investigación contra el «Capobus» de Hazte Oír tras quejarse el PSOE ante el Ayuntamiento de Madrid de que realizan «publicidad ofensiva» hacia la formación , según ha confirmado LA RAZÓN de solventes fuentes jurídicas.

Sin embargo, la Comisaría de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid le hizo llegar un informe el pasado mes de diciembre en el que descartan la existencia de un delito odio contra el presidente del Gobierno, tras haber investigado el vehículo que pide la dimisión del «capo» Pedro Sánchez.

El cuerpo policial de la capital resolvió en su indagación, conocida por este diario, que el objeto de la publicidad que incorpora el autobús es la figura del jefe del Ejecutivo y esta no es una «profesión» que el Código Penal proteja particularmente ante una posible «discriminación» o una «provocación al odio o la violencia».

En este sentido, la agente que elaboró el informe expone que el texto que contiene la superficie del bus de la asociación «asocia al presidente del Gobierno y a otros miembros del mismo» con «la mafia», dado que se les denomina «La Famiglia» o la «Rosa Nostra».

Pero la Policía de Madrid no puede verificar que «tales expresiones se produzcan en relación a su ideología como discurso de odio». Sin embargo, deja la puerta abierta a que puedan ser consideradas legalmente «injurias o calumnias» por la legislación.

Tampoco estiman que los miembros del Ejecutivo socialista y de Sumar se pueda considerar «como grupo minoritario» o que los lugares de la capital por los que suele transitar el «Capobus» «sean considerados de especial relevancia» para los miembros del Consejo de Ministros.

Como esta campaña de Hazte Oír no ha sido en ningún momento denunciada ante los tribunales, desechan la posibilidad de poder «determinar» qué «percepción» tiene la víctima, que sería Sánchez, su familia (su hermano David y su mujer, Begoña Gómez), el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, e, incluso, el propio Partido Socialista.

Por otro lado, las pesquisas policiales negaron las acusaciones que el grupo municipal socialista en el consistorio madrileño trasladó en la queja en cuanto a que el vehículo estaría incumpliendo la ordenanza local de publicidad exterior y la de protección contra la contaminación acústica.

Los de Reyes Maroto aseguraron que incluye en sus trayectos megafonía «y otros medios sonoros», y difunde elementos publicitarios sin autorización del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. El documento de conclusiones de la investigación lo deja claro: «no se ha constatado que se haya producido el uso de megafonía u sonido» en sus desplazamientos.

En lo relativo a la publicidad, citando la nota que confeccionó la subdirección general dedicada a esta materia del consistorio, recuerdan que «la actividad la está llevando a cabo una asociación sin ánimo de lucro», la que preside Ignacio Arsuaga, y lo que publicitan «es de contenido político».

Por lo que «la intencionalidad no puede considerarse comercial, sino de persuasión ideológica», lo que implica que está amparada por la normativa municipal. Descarta, en definitiva, cualquier infracción dado que no se está «persiguiendo una finalidad económica sino una actividad propagandística».

La protesta del PSOE por el «Capobus» viene firmada por el edil socialista Enrique Rico y va dirigida a la vicealcaldesa de Madrid y responsable del área de seguridad, Inmaculada Sanz.

En ella, se sostiene que Hazte Oír –que ejerce la acusación popular en las principales causas que afectan a Ferraz y a la familia de su líder– realiza «un uso ilegítimo de la libertad de expresión» y difunde mensajes «ilícitos».

El PSM entiende que la rotulación del bus «trata de dar a entender que el presidente del Gobierno fuera el jefe de una mafia, de una organización criminal». De ella formarían parte, sostiene el escrito de protesta, «todas aquellas personas que le apoyan, al utilizarse la frase ‘La Rosa Nostra’, siendo el histórico símbolo utilizado por el PSOE el de una rosa».

La conclusión del documento, al que ha accedido también LA RAZÓN, es que se está «atentando y lesionando la dignidad de la persona» de Sánchez, pero también, se llega a decir, la de «todos aquellos que creemos en el Estado de derecho».

Pedían, en base a todo ello, que el equipo de gobierno de Martínez-Almeida «a la mayor brevedad» retirase del autobús estas proclamas que expone a lo largo y ancho de la ciudad e iniciase «procedimientos sancionadores» contra los responsables, Hazte Oír.

Sanz trasladó a través de su secretaria la protesta del grupo socialista madrileño al comisario Oskar de Santos Tapia, lo que dio inicio a las indagaciones de la Policía Municipal de Madrid, que incluyeron el rastreo de un artículo en el que la organización pedía al alcalde que dejase de «censurar el autobús que difunde la corrupción socialista», de que se venden camisetas con el logo del «Capobus» en una web homónima y cuáles son los hastags en Twitter y los usuarios más activos en relación al vehículo, en aquel momento, bajo el ojo de las autoridades.

El controvertido bus, además, le ha valido una imputación al jefe de la Policía Municipal madrileña. Pablo Enrique Rodríguez está siendo investigado por el juez Juan Carlos Peinado –el mismo que instruye el «caso Begoña Gómez»– por las hasta tres propuestas de sanción que pusieron en noviembre al autobús y el trato que recibió de sus agentes durante semanas, a raíz de las peticiones del PSOE, llegando a ser detenido cuando circulaba e identificados el conductor y a una responsable de la asociación.

La número dos de Martínez-Almeida está citada a declarar como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el próximo 14 de abril, al filo de las 12:00 horas, junto con otro comisario del cuerpo local, Fernando Martín Bernal.

Lo que coincide con la decisión de Ferraz de ratificar su demanda interpuesta este pasado noviembre contra otro vehículo, un camión que circuló a instancias de la asociación por las vías madrileñas durante la campaña electoral de las últimas elecciones europeas.

La Junta Electoral Central (JEC) estableció que la iniciativa no infringió la ley electoral y estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión y de opinión, después de que previamente determinase lo mismo la Junta Electoral Provincial de Madrid.

Tampoco vieron infracción electoral alguna en la Abogacía del Estado porque no existió una motivación dirigida a «captar votos a favor de una candidatura», sino «un intento de influir en la orientación del voto contra una candidatura concurrente» a los comicios para la Eurocámara, y esto no está prohibido.

Los de Sánchez insisten en su escrito, conocido este viernes, en que fueron objeto de una campaña «negativa y de desprestigio» por parte de la entidad con el fin «claro, evidente y no ocultado» de «perjudicar electoralmente» tanto a su secretario general como al propio partido en la carrera electoral al Parlamento Europeo.

El camión exhibió mensajes como «Begoña imputada» y «Sánchez dimite ya», a este último también le dedicaron calificativos como «torpe, engreído, corrupto y felón».

El PSOE defiende que con estas proclamas se incumplió la Ley Electoral al afectar a «la transparencia y objetividad del proceso electoral», pero, especialmente, «al principio de igualdad». «No se pretende», insisten en matizar, «restricción alguna de la libertad de expresión o de cualquier derecho fundamental».

En su recurso ante el alto tribunal, volvieron a vincular esta campaña «negativa» y «bien financiada» con una supuesta «incidencia real en el proceso electoral».

El efecto que reclaman reparar es, según Ferraz, que su paso por las calles de Madrid haya reducido o perjudicado sus opciones electorales. Y dejan una última acusación: que Hazte Oír actúa con estas acciones «a favor de un claro beneficiario: su ideario de corte ultraderechista y ultracatólico».

En otro orden de cosas, el «Capobus» no solo ha sido visto por la capital. En el último año, ha estado apostado en el exterior de los recintos en que se celebró el Congreso Federal del PSOE que se celebró en Sevilla; los cónclaves regionales socialistas que tuvieron lugar en Zaragoza y Avilés, y hasta hizo su aparición en Granada con motivo de la última edición de los Premio Goya, a los que acudió el inquilino del Palacio de la Moncloa. Como curiosidad, su interior es completamente diáfano y únicamente cuenta con cuatro asientos para pasajeros y el del conductor que lo maneja.

Su capacidad de carga supera las tres toneladas, lo que llevó a la asociación a ofrecer públicamente el vehículo para trasladar materiales y otros enseres a la Comunidad de Valenciana para ayudar a los afectados por la DANA en los momentos más dramáticos.