La Fiscalía reclama al Tribunal Supremo que archive la causa contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. La teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, ha recurrido la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un escrito en el que cuestiona que el instructor apunte a Moncloa al asegurar que García Ortiz divulgó el correo en el que el empresario admitía el fraude fiscal "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".

En su recurso ante la Sala, la "número dos" de la Fiscalía señala sin embargo que "en ninguna de las múltiples resoluciones y actos procesales se hace alusión a la existencia de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno por el fiscal general, "ni a que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, lo que ha motivado que ninguna prueba se ha propuesto para acreditar o desvirtuar tal extremo, ni que en ningún momento se haya preguntado a los investigados ni se les haya informado de tal imputación".

Una "novedosa" argumentación que para la representante de la Fiscalía supone una imputación sorpresiva y "sin ningún sustrato probatorio" que supone una "clara indefensión de los investigados" dado que ha estado ausente durante todo el procedimiento.

Y es que para la teniente fiscal del Supremo el contenido de ese correo del 2 de febrero del pasado año -que se filtró la noche del 13 de marzo, una divulgación que Hurtado atribuye al fiscal general- ya era conocido por varios periodistas antes de ese día. En todo caso, hace hincapié en la "rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General".

Según pone de relieve, el mismo Hurtado "reconoce" que con anterioridad a la divulgación de ese correo "circulaba por los medios la existencia de un ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador" de reconocer los dos delitos fiscales que se le imputan. Al mismo tiempo, subraya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; y que los agentes de la UCO que han investigado la filtración declararon que "una pluralidad de personas" conocían también la existencia de ese ofrecimiento previo.

La representante del Ministerio Público se queja de que "los hechos objeto de imputación varían de un día para otro en las resoluciones del instructor". "Con independencia de la rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General del Estado, el razonamiento del instructor patentiza que los únicos extremos relativos a la cuestión que de forma novedosa se introduce en los hechos" (esas supuestas indicaciones de Moncloa para que el entonces líder de los socialistas madrileños utilizase ese correo en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso el 14 de marzo de 2024) "vienen referidos a una hipotética actividad acaecida con posterioridad a la comisión delictiva y por tanto inane a efectos penales".

No existe "prueba alguna"

La representante del Ministerio Fiscal asegura que los agentes de la UCO "reconocieron que no habían obtenido prueba alguna de que la filtración hubiese sido realizada por el fiscal general" y que "tampoco existe prueba alguna del concierto" de García Ortiz con Pilar Rodríguez para divulgar ese correo.

"Una pluralidad de personas han declarado haber estado en posesión del correo, haberlo examinado o conocer su contenido con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera obtenido", destaca la teniente fiscal del Supremo, que alude que varios periodistas aseguraron al juez en sus comparecencias como testigos que "poseían la información" que contenía ese correo (el reconocimiento del fraude tributario y el ofrecimiento de un acuerdo de conformidad al fiscal del caso, Julián Salto) "con antelación".

Y respecto a la nota que la Fiscalía hizo pública el 14 de marzo detallando las negociaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso -para rebatir que, como se había publicado, el ofrecimiento de pacto había partido de la Fiscalía y no de González Amador- sostiene que el Ministerio Público solo quería "informar" de su actuación "en un asunto de indudable relevancia" para contrarrestar "informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos".

Para la teniente fiscal del Supremo "no se compadece con la realidad lo afirmado en los hechos del auto sobre la escasa relevancia de la cuestión de quien había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo de conformidad, pues lo que aparecía en los medios sobre este extremo no era que la Fiscalía hubiese tomado la iniciativa sin más en las negociaciones de conformidad, lo que no era cierto, sino algo mucho más trascendente referido a que había órdenes de retirar ese inexistente pacto de conformidad ofrecido por la Fiscalía al señor González Amador, órdenes que tampoco se habían producido"