Francia condena a ocho años al etarra Mendinueta y a seis a Larretxea

La justicia francesa condenó hoy a ocho años de cárcel al etarra Iurgi Mendinueta por considerarlo uno de los responsables de la gestión de los zulos de la banda, y a seis años a Joanes Larretxea, otro miembro de la logística militar con el que fue detenido el 11 de octubre de 2009.

El Tribunal Correccional de París impuso, además, la expulsión definitiva de Francia de Mendinueta Mintegi (32 años) y de Larretxea Mendiola (30 años) al término de sus condenas, así como el pago de 2.750 euros de forma solidaria a los propietarios del coche robado con el que circulaban al ser arrestados junto a un zulo en una zona boscosa de Rivière, cerca de Nimes (sureste de Francia).

En ese escondite había, junto a 500 gramos de pentrita para fabricar explosivos y decenas de metros de cordón detonante, cuatro armas, una de las cuales fue la que sirvió al exjefe militar de la banda Mikel Carrera Sarobe, "Ata", para asesinar a dos guardias civiles en Capbreton (suroeste de Francia) el 1 de diciembre de 2007.

En enero de 2011, se descubrió otro zulo en Dramelay, en el departamento de Jura (este), compuesto de bidones enterrados en cuyo interior había dos fusiles, abundante munición y otro material en el que los dos etarras habían dejado numerosas huellas.

El fiscal Benjamin Chambre, que había solicitado para cada uno de ellos un año más de cárcel de lo fijado en la sentencia, dijo que esos zulos eran "extremadamente importantes", en particular porque la presencia del arma del crimen de Capbreton en Rivière ponía en evidencia la relación de ambos con los más altos dirigentes del aparato político.

Es más, Chambre hizo notar que la razón de que ambos se hubieran librado de ser juzgados por complicidad en ese doble asesinato fue que los peritajes técnicos del arma que permitieron identificarla como la utilizada por Carrera Sarobe se hicieron una vez cerrado el periodo de instrucción.

Subrayó que Mendinueta -sentenciado hoy por su acción en la organización terrorista desde abril de 2005- y Larretxea -desde 2008- eran "los gestores"y "los responsables"de esos escondites, y que el primero era uno de los que estaba al frente de "la armería de ETA".

Por eso les reprochó que, en un momento en que la organización terrorista anunció el mes pasado haber iniciado su proceso de desarme -anuncio que calificó de "irrisorio"-, se hubieran negado a hacer cualquier declaración durante el juicio sobre la localización de los zulos.

El representante del Ministerio Público contó que entre el material que se les requisó, en un disco duro había un inventario de empresas de la ciudad francesa de Grenoble especializadas en la producción de aluminio y de otros materiales utilizados para fabricar explosivos.

Y que algún comentario incluido en ese inventario, como que una de esas empresas estaba muy próxima a un cuartel de la Gendarmería, daba a entender que cuando fueron capturados la banda se planteaba "una nueva campaña de aprovisionamiento"como la que se llevó a cabo durante la última tregua, en 2005-2006.

Precisamente, Mendinueta volverá a ser juzgado el próximo mes de noviembre junto a otros etarras del aparato militar por el Tribunal de lo Criminal de París por su presunta implicación en los robos de material y de armas cometidos en esa época y en especial por su presunta responsabilidad en el atraco a mano armada de un comando de la banda a una empresa de Replonges, de la que se llevaron cientos de matrículas.

Este hombre, que como su compañero en el banquillo es natural de San Sebastián y ha tenido durante su encarcelamiento un hijo -en su caso con la también etarra Galder Bihotz Cornago Arnáez, igualmente en prisión en Francia- ha sido objeto de dos euroórdenes españolas, una en 2007 y otra de 2011.

En la de 2011 -cuya tramitación se encuentra suspendida por el Tribunal de Apelación de París en espera de que se resuelva una denuncia de torturas-, la justicia española lo reclama para juzgarlo en el sumario abierto por los eventuales vínculos de ETA con la guerrilla colombiana de las FARC a través, en particular, de Arturo Cubillas, etarra que había sido deportado a Venezuela.