Giro de Sánchez en Cataluña: intervenir los Mossos y las cuentas

La «vía eslovena» de Torra y el control de la calle de los CDR ha llevado al Gobierno a rectificar su política de «distensión» y endurecer el discurso en Cataluña tras el varapalo en Andalucía.

Los Comités de Defensa de la República cortaron la AP7 durante 15 horas el sábado. El domingo levantaron durante tres horas las barreras de los peajes en diferentes puntos de la red de autopistas catalanas. Los Mossos no intervinieron. Ni en el corte de la AP7 ni el domingo, aunque este día los piquetes no solo rompieron las barreras, sino que cometieron actos de «vandalismo», como apuntan trabajadores de la concesionaria de autopistas al destrozar todo el cableado. Los Mossos se limitaron a preguntarles «cuáles eran sus intenciones».

Esta situación que atenta gravemente a la seguridad, junto con las declaraciones altisonantes del presidente de la Generalitat, Quim Torra, provocaron una reacción en cadena del Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros Josep Borrell, Dolores Delgado, Isabel Celaá, José Luís Ábalos, y la portavoz del comité electoral socialista, Esther Peña, salieron en tromba contra las declaraciones del presidente catalán y la actuación de los Mossos d’Esquadra que daba impunidad a los alborotadores del independentismo radical, ahora llamados grupos antifascistas por parte de los medios cercanos al soberanismo de Junts per Catalunya.

«Al presidente se le está agotando la paciencia», apunta un cercano colaborador de Pedro Sánchez y «se están estudiando todas las vías de respuesta» y «le aseguro que no le temblara el pulso». También desde La Moncloa se ha querido dejar claro que «el día 21 el Gobierno celebrará el Consejo de Ministros en Barcelona, mantendrá su agenda en Barcelona, y se aprobarán medidas que beneficiarán a los ciudadanos de Cataluña». De hecho, según ha publicado El Periódico de Cataluña, el Gobierno enviará a Barcelona 400 antidisturbios para garantizar el orden, que se unirán a las fuerzas policiales presentes ya en Cataluña. Estos grupos policiales llegarán el 19 y se marcharán el 22, porque el presidente del Gobierno tiene intención de tener agenda pública tanto el 20 como el 21.

Para reforzar el mensaje de advertencia por parte del Ejecutivo de Sánchez a la Generalitat, se enviaron tres misivas por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska y del responsable de la cartera de Fomento, José Luis Ábalos, a sus homólogos en el Gobierno catalán. A través de estos tres departamentos, estas cartas tenían por objetivo cercar al Ejecutivo de Torra a través de las cuentas, de la actuación policial y del control de las infraestructuras. En concreto, Calvo transmite a Pere Aragonés su «inquietud» por los últimos altercados, y le advierte de que ha existido una «dejación de funciones», con «consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública». Por este motivo, la vicepresidenta del Gobierno asegura que es obligación del Ejecutivo «evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido», sin «perjuicio de otros requerimientos en curso sobre actos concretos y sus posibles responsabilidades», y le pide que les «aclare lo sucedido, en especial respecto a la actuación de los mossos en algunos puestos de peaje». Damiá Calvet recibió, por parte de Ábalos, la confianza en que «no se vuelvan a producir situaciones o hechos similares y se garantice la libre circulación de personas», y la exigencia por parte del también Secretario de Organización del partido, de que se adopten las «medidas necesarias para que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial» que puedan presentar los afectados «se tramiten con la mayor diligencia». Sin duda, de las tres misivas, la más tajante es la que firma Grande -Marlaska, dirigida a Miquel Buch. El responsable de Interior recuerda a su homólogo que el artículo 104.1 de la Constitución española establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, «sin excepción», deben «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana», por lo que le señala que la Ley Orgánica 2/1986, en su artículo 38.2, «prevé los supuestos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando lo estimen necesario las autoridades estatales». Así, en caso de que los Mossos no cumplan con sus obligaciones establecidas por ley, «se ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», advierte el ministro.

Según ha podido saber LA RAZÓN «el Gobierno no descarta absolutamente nada». Ni tan siquiera el artículo 155. La suspensión de la autonomía no es del agrado del ejecutivo, pero el cariz que están tomando los acontecimientos de los últimos días «obligan a no descartar absolutamente nada», aunque la aplicación del 155 «es la última vía que se quiere tomar». El Gobierno ha puesto a trabajar a la abogacía del Estado para estudiar que medidas se pueden adoptar para enviar un claro mensaje al gobierno catalán. Entre estas medidas es la «toma del control de los Mossos», sin descartar «la asunción de otras competencias», aunque ningún portavoz autorizado ha querido explicitar de cuales se trata.

«Es normal que el Gobierno reaccione», apunta con resignación un dirigente independentista «somos muchos los que no entendemos lo que está haciendo Torra», añade. «Nos hemos cargado una nueva relación con el Gobierno que todavía no había llegado al final del recorrido», admite un dirigente de ERC «nos quedaban muchas vías por explorar». Ahora, la situación ha dado un vuelco porque el Gobierno no está dispuesto a aguantar «más desplantes y provocaciones» por parte de Torra ni por parte del independentismo más irredento como es el caso de Frederic Bentanachs, cofundador de Terra Lliure, que ayer hizo un llamamiento a tomar el Parlament el día 21. En palabras de Josep Borrell todo apunta que «estén llamando a la insurrección».