El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el real decreto ley para reformar la Ley de Extranjería y dar una salida a la situación de los menores migrantes que permanecen hacinados en Canarias y Ceuta. El ministro Ángel Víctor Torres, responsable de la comisión interministerial sobre inmigración del Gobierno, ha presentado en rueda de prensa las líneas básicas de la norma para que las comunidades autónomas no puedan rechazar la acogida de esos menores. Sin embargo, la connivencia de las regiones es necesaria para que la ley despliegue sus efectos. En primer término, para establecer un cómputo real de menores, una foto fija de la situación real.

El Ejecutivo da un plazo de apenas 13 días, hasta el 31 de marzo, para que las diferentes regiones certifiquen, vía fe pública, el número de menores migrantes no acompañados que acogen actualmente en sus territorios. Esta cifra actualizada es requerida para aplicar los cocientes y establecer los baremos de acogida de cada una de ellas y si están o no "saturadas". Si las comunidades se negaran a facilitar estos datos, fuentes gubernamentales reconocen que tendrán que recurrir a sus propias estimaciones para establecer estos umbrales y desafían a que todas las regiones que dicen estar sobredimensionadas en sus esfuerzos de acogida, lo demuestren vía certificada.

Los criterios -si no se pacta algo diferente por unanimidad en una conferencia sectorial- se establecerán en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %).

La aprobación del real decreto llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja. De hecho, los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Torres ha recalcado que los acuerdos anteriores para repartir a menores migrantes "no dieron los frutos apetecibles". En este sentido, ha expuesto que la reforma del artículo 35 es "la mejor opción" y "la más eficiente" ante las respuestas en defensa de los derechos humanos.

100 millones

Dentro de la norma se prevé un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, con una dotación para el presente ejercicio 2025 de 100 millones de euros. De este modo, el Ejecutivo dice asegurar "la suficiencia financiera" que supone la atención de los menores migrantes por las comunidades autónomas, que se verán obligadas por ley a acogerlos para aliviar la situación "extraordinaria" que viven Canarias y Ceuta. Pero esa inyección de recursos solo operará para aquellas regiones que estén en una situación de "sobreacogida", es decir, solo se abonará a quienes acojan a más menores de los que les corresponde y solo por aquellos menores que excedan el cómputo estipulado.