El gobierno balear de Francina Armengol compró test de PCR a la trama Koldo pese a haber detectado que su primera adquisición de material sanitario, relativa a una partida de 1,5 millones de mascarillas, había salido defectuosa. En este caso, la negociación la lideraron Víctor de Aldama y sus socios, de acuerdo con los nuevos mensajes incorporados al sumario del procedimiento.

Los mismos se intercambiaron a finales de 2020, cuando la red trataba de vender sus pruebas diagnósticas tanto a Canarias como a Baleares. Así, el 2 de diciembre de aquel 2020 Ignacio Díaz, de la empresa Megalab, trasladó a Aldama el avance de las conversaciones con el gobierno que lideraba la actual presidenta del Congreso de los Diputados. "Buenos días. Acabo de colgar con baleares. Comienzo día 18 (Sic)", le dijo, a lo que Aldama respondió: "Genial y Canarias".

Al hilo, Tapia le mandó una imagen de la conversación que, en paralelo, mantenía con el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. De la misma se desprende como ambos conversan sobre los negocios de la trama en las islas Pitiusas: "Con Baleares he quedado en un contrato inicial y trabajar en el mayor mientras avanzamos", le expuso. Domínguez -a quien se le investiga en la Fiscalía Europea por la compra de material sanitario- respondió que podían seguir el modelo balear: "Cuando sepamos lo hablamos", dijo.

Segundo contrato y recomendación oficial

En el nuevo informe de la UCO aportado a las diligencias de la Audiencia Nacional aparecen numerosos mensajes entre Domínguez y los socios de Aldama en los que se refleja que gestionaron de de primera mano la venta de las pruebas diagnósticas en pleno proceso de desescalada y para reactivar el tráfico en los aeropuertos. Los contratos de test PCR se fraguaron tanto en Canarias como en Baleares, tras un primer pelotazo con las mascarillas de Soluciones de Gestión.

Canarias adquirió entre abril y mayo de 2020 partidas por importe de 12,3 millones de euros mientras que Baleares pagó 3,7 millones de euros a la firma que introdujo Víctor de Aldama en la Administración de la mano de Koldo García. Llama la atención que en ambos casos se detectaron partidas de cubrebocas defectuosas. En el caso de Baleares, supieron antes de verano de 2020 que parte de este material era "fake" y, pese a ello, volvieron a contratar con la red.

Es más, consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que la Consejería de Salud del Gobierno balear recomendó la contratación de Soluciones de Gestión tras constatar que las mascarillas eran defectuosas. De hecho, certificaron por escrito que la mercantil aragonesa, que se adjudicó contratos covid por hasta 54 millones de euros, había realizado suministros "de manera satisfactoria" en 2020. Con todo, el actual gobierno balear anunció el año pasado que iba a auditar los dos contratos con Eurofins Megalab tras aparecer salpicados en esta causa de corrupción.

Contratos bajo sospecha

Precisamente, una de las primeras sospechas que plasmó la Guardia Civil en sus informes de 2022 reside en que apenas consta documental que justificara los contratos con los gobiernos de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres con Soluciones de Gestión. Del mismo modo, advirtieron de que las entregas de material sanitario se produjo antes incluso de que se licitaran las adjudicaciones en aquellos primeros meses de pandemia.

De hecho, este medio informó que, en lo que respecta a Baleares, solo constaba la existencia de una factura proforma que carecía de validez legal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expuso al respecto que la entrega de las mascarillas adquiridas a la trama Koldo se produjo el 27 de abril, si bien no fue hasta dos días después cuando se solicito al órgano de contratación la declaración de tramitación de emergencia, que se emitió el 4 de mayo.

En su último informe, los agentes sitúan a Aldama como la persona que dio "las instrucciones" en lo relativo a los contratos covid "tanto en Canarias como en Baleares". De esta forma, el comisionista -que se embolsó más de cinco millones en comisiones con estas adjudicaciones- daba indicaciones a sus socios de cara a las negociaciones con los gobiernos de Torres y Armengol mientras que, en paralelo, abonaba 10.000 euros al mes al asesor de José Luis Ábalos para que les fuera abriendo las puertas en las distintas administraciones.