La Fiscalía Europea estrecha el cerco en una decena de contratos de mascarillas del gobierno de Torres

La Fiscalía Europea estrecha el cerco en las compras de material sanitario del gobierno canario de Ángel Víctor Torres. El órgano de la Unión Europea mantiene dos pesquisas abiertas por los contratos que el Servicio Canario de Salud firmó con las empresas Damco Trading Services S.A y RR7 en plena pandemia por más de 20 millones de euros y pone el foco en la actuación del entonces director del Servicio, Conrado Domínguez.

Fuentes fiscales confirman a LA RAZÓN que estas licitaciones se investigan en dos procedimientos separados por presunta malversación de fondos comunitarios. Las voces consultadas hacen hincapié en que, pese a los escasos medios con los que cuenta el órgano europeo, las diligencias nunca se han paralizado y avanzan a buen ritmo, si bien todavía les queda recorrido por delante.

De esta forma, se investiga, por un lado, un contrato de emergencia adjudicado el 13 de abril de 2021 con la empresa RRR7 United S.L para la compra de un millón de mascarillas por 4 millones de euros y, por el otro, una serie de adjudicaciones que también otorgó el Servicio Canario de Salud a Damco Trading Services S.A entre 2020 y 2021 por poco más de 19 millones de euros. Se trató de una de las empresas más beneficiadas por estas licitaciones de emergencia siendo además que, como informó el diario La Provincia, vino recomendada porel Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria que presidió Ángel Víctor Torres.

Mascarillas que nunca llegaron a su destino

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria abrió causa contra una serie de empresarios -entre ellos el presidente de Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso- por un presunto fraude al fisco con los beneficios obtenidos con la venta de material sanitario de esta firma. El gobierno canario le compró 600.000 pruebas de antígenos, más de 1 millón de mascarillas FFP2, 6 millones de guantes y 400.000 batas, entre otro material de emergencia.

Las diligencias, que arrancaron en los juzgados canarios, se derivaron a la Fiscalía Europea al haberse costeado estos contratos con fondos comunitarios y en el marco de las mismas se investiga la actuación del entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y de quien fuera directora General de Recursos Económicos de dicho Servicio, Ana María Pérez Afonso. Del mismo modo, también se ha investigado al administrador único de RR7, Rayco González tras constatar que el material adquirido nunca llegó a su destino.

En ese sentido, la Fiscalía Europea ha practicado numerosas diligencias patrimoniales de los investigados a la par que ha adherido los informes solicitados por los fiscales delegados al frente pero la investigación todavía está lejos de terminarse. Con todo, el foco está puesto en en el exalto cargo del gobierno de Torres y las pesquisas de momento se encaminan por esa vía.

Contratos con la trama Koldo

Cabe recordar que el que fuera director del Servicio Canario de Salud también se vio salpicado en la causa contra el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias "tito Berni", por sus vínculos los cabecillas de la trama. Del sumario del procedimiento se desprende que el entonces alto cargo del Gobierno de Torres negoció con Antonio Navarro Tacoronte (conocido como "el mediador") la compra de material sanitario. En concreto, uno de los empresarios confirmó los contactos directos con Domínguez, gracias a la intervención del "mediador".

Empero, no son los únicos contratos de material sanitario del Gobierno de Torres que han pasado por la Fiscalía Europea. El órgano europeo también ha investigado los contratos que Canarias y Baleares firmaron con Soluciones de Gestión, la empresa clave del "caso Koldo". El ente asumió las pesquisas que arrancaron en la Audiencia Nacional tras constatar su competencia para investigar los hechos al tratarse de compras de emergencia costeadas con fondos europeos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó en julio del año pasado que estas pesquisas debían volver a la Audiencia Nacional dando de esta forma la razón al magistrado instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, y también a la Fiscalía Anticorrupción. En lo que respecta a Baleares, el gobierno presidido entonces por Francina Armengol suscribió un contrato de 3,7 millones de euros con Soluciones de Gestión. Canarias, presidida entonces por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática adjudicó contratos por un valor superior a los 12 millones de euros.