El Gobierno se prepara para resistir ante la amenaza de Junts y se abre a cambios en la amnistía

El Gobierno acusa desgaste en la negociación con Junts sobre la ley de amnistía y reconoce ya públicamente su enfado con el partido de Carles Puigdemont por tumbar en el Congreso de los Diputados la norma, a pesar de que fue diseñada para conseguir el "sí" de sus siete diputados a la investidura de Pedro Sánchez. El tira a floja constante al que Junts somete al Ejecutivo agota anímicamente al Ejecutivo, aunque, no está dispuesto a dar marcha atrás y pulsar el botón rojo -el de la convocatoria de elecciones anticipadas- ante los continuos chantajes de sus socios.

En el Ejecutivo aseguran que Junts no será quien les someta o decida por ellos cuando se convocan elecciones. Fuentes gubernamentales aseguran que "esto lo decide el presidente" y "el presidente tira". En público es el mensaje que este miércoles han decidido lanzar también los ministros del Gobierno que han comparecido en medios. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que la legislatura "no la decide ningún grupo, la decide el presidente y va a durar tres años y medio", según ha asegurado en una entrevista en Cadena Ser.

En cuanto al pulso con Junts por la votación de la ley de amnistía, el Gobierno defiende que la ley es "impecable" e "impoluta" y piden a los de Puigdemont que "reconsideren" su voto. En el Ejecutivo afean el voto de Junts después de haber pactado el texto "hasta en cuatro ocasiones" y haber votado a favor previamente en la comisión y por eso piden, en boca de la vicepresidenta, María Jesús Montero, que recapaciten. A juicio de la también ministra de Hacienda, la ley presentada tenía "todas las garantías para ser un texto constitucional" , mientras que las enmiendas de Junts "no tenían esas premisas". "Cualquier texto de amnistía no es constitucional, el que el Gobierno promovió sí lo era. Queremos que desde el Congreso salga un texto con seguridad jurídica", avisó. "No es una ley que se pueda improvisar", aviaba el ministro Félix Bolaños, con cierto hartazgo por las exigencias de Junts.

Ahora, el Ejecutivo dispone de un mes para negociar con Junts hasta que la ley vuelva a la Comisión de Justicia y, así, consigue ganar tiempo. Para el Gobierno la ley se aprobará sí o sí, pero, según fuentes gubernamentales, es Puigdemont quien debe moverse. "Nosotros ya hemos cedido demasiado", se explican. En Moncloa se negaron a aceptar las enmiendas de Junts porque tenían por seguro que una vez que la norma llegue al Tribunal Constitucional podría ser tumbada por inconstitucional. Sin embargo, ahora, ni 24 horas después de la tortuosa votación, en el Gobierno abren la puerta a cambios. El ministro Bolaños ha sido quien lo ha reconocido, al apelar al "diálogo" como "seña de identidad de este Gobierno".