El Gobierno recuerda a los fiscales del Supremo que la última palabra es de la Fiscalía General

El Gobierno confía en el poder de la Fiscalía General del Estado para conseguir aplacar el varapalo que se llevó por parte de la junta de los fiscales del Tribunal Supremo, quienes concluyeron, por amplia mayoría, que hay indicios suficientes para imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en la investigación del caso «Tusnami Democràtic». Todo, en contra de la victoria que había acariciado solo un día antes el Gobierno cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo había considerado que los indicios que esgrime el juez Manuel García Castellón para solicitar la imputación de Carles Puigdemont por sus supuestos vínculos con Tsunami Democràtic «resultan demasiado abiertos» y no ver «indicios racionales de criminalidad» que justifiquen que el alto tribunal abra una causa contra el líder independentista.

La decisión de los fiscales sorprendió al Gobierno en pleno directo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, no causó preocupación ninguna en el Ejecutivo y la reacción en Moncloa fue la de minimizarla, sabedores de que todavía debe emitir un informe la teniente fiscal del Tribunal Supremo. «Nuestro respeto a los criterios jurídicos al igual que mostraremos nuestro respeto final a la decisión que adopte el Ministerio Fiscal», contestó la portavoz Pilar Alegría.

Así, en el Gobierno, si bien se «respeta» la decisión de la junta de fiscales, se mantiene la confianza total en que finalmente la Fiscalía General del Estado acabe pronunciándose en el sentido deseado. En este sentido, en Moncloa se esfuerzan en recordar que la decisión definitiva «habrá de adaptarse en los órganos que establezca esta normativa». Precisamente, la encargada de redactar el nuevo informe de los fiscales será la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que es la número dos del fiscal general, Álvaro García Ortiz, alguien de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Confían en el Ejecutivo que el informe que ahora redacte se mostrará en la tónica del dictamen del fiscal Álvaro Redondo, quien no vio delito de terrorismo en las protestas de Tsunami Democràtic, vinculadas a la influencia del expresident Carles Puigdemont.

El Gobierno es consciente, sin embargo, del valor del señalamiento de los jueces y es por eso que el Ejecutivo buscó dejar claro quien tiene la última palabra, ante el riesgo de que Junts pueda volver a votar en contra de la ley de amnistía. Así, en el Gobierno recuerdan que la decisión de la junta de los fiscales es «consultiva», mientras que ponen en valor a la Fiscalía, que otorga «una decisión jerárquica». Es decir, fuentes del Gobierno confían en que la opinión de la junta de fiscales todavía pueda variar y así, volver a recuperar a Junts como socio en el Congreso.

En Moncloa recuerdan que la decisión «la tiene quien la tienen», en relación a la Fiscalía General del Estado. Algo que recuerda al polémico «¿de quién depende la Fiscalía, de quién?», que pronunció hace tiempo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en RNE, dejando claro así que piensa el Ejecutivo sobre la independencia del Ministerio Fiscal. Este mensaje que manda ahora Moncloa se corresponde con la hoja de ruta que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La pasada semana ya señaló en una comparecencia en Bruselas el camino que deberán seguir los jueces a la hora de decidir si amnistía o no a un líder relacionado con el independentismo. Lo volvió a repetir este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo. «El independentismo no es terrorismo».