El Gobierno usa el delito de "deslealtad institucional" que propone el PP para instarle a renovar el CGPJ

Moncloa ha reaccionado un día después a la propuesta del Partido Popular para "disolver" a los partidos políticos que convoquen un referéndum. El Ejecutivo reacciona obviando la iniciativa de los populares y se escuda en que la ley de partidos vigente "funciona". A la par, el Gobierno usa la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para instarles a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido quien ha hablado como portavoz del Gobierno en esta cuestión y ha defendido que la Ley de Partidos "funciona", al ser preguntado por la propuesta del PP como alternativa a la ley de amnistía instando a la "disolución" de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional.

"Ya tenemos una Ley de Partidos que ha funcionado en este país", ha señalado Grande-Marlaska en la rueda de prensa del balance de siniestralidad vial de 2023, informa Ep.

Ha sido la única contestación del Ejecutivo en medio de la propuesta de los populares que tiene por objetivo reformar el Código Penal, que contempla la posibilidad de "disolver" a partidos políticos que declaren la independencia o celebren referéndums ilegalmente.

Por contra, en el Ejecutivo tratan de desarmar la propuesta de los populares al reclamarles que cejen en su "deslealtad constitucional" y renueven el Consejo General del Poder Judicial. De esta manera, el ministro de Interior ha contestado a las enmiendas de los populares sobre la ley de amnistía, al incluir el delito de deslealtad constitucional. "La única deslealtad constitucional que lleva acreditada durante más de 1.800 días es la del PP oponiéndose de una forma improcedente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial", en palabras de Marlaska.

El ministro del Interior también se ha referido a la polémica sobre el apaleamiento de la piñata de Pedro Sánchez en la noche de Nochevieja en Ferraz. Si bien, se ha distanciado de su partido y ha evitado calificar los ataques de delito de odio. Eso sí, ha criticado de "bochornosa" la protesta. "No me gusta como ministro del Interior hacer una valoración jurídico-penal de los hechos que están siendo investigados por la Policía Nacional y coordinados por la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio, y será la Fiscalía la que determinará finalmente la relevancia que pueda tener los mismos", ha dicho.